Una vecina, madre de tres hijos que trabajan como taxistas, no podía contener su indignación: «los pobres también tenemos derecho a tener un carro y poder guardarlo». Los dos estacionamientos afectados por la medida de expropiación prestan un servicio que la comunidad de La Vega necesita. Unas 250 personas, entre vecinos y camioneteros de la zona, guardan allí sus carros.
«En toda La Vega ya no vas a conseguir más estacionamientos. Las personas tendrán que irse a El Paraíso, Montalbán o San Martín», comenta Angelo Federico, dueño del parqueadero Rosángela, que después de 41 años de trabajo se queda sin la única fuente de sustento familiar. «Este no es un espacio baldío. Es un terreno privado que presta un servicio y todavía no sabemos si nos van a indemnizar». Jesús Escorche es taxista y estaciona allí su carro. «Hace quince días lo dejé en la calle unas horas y me rompieron el vidrio. Me robaron las cornetas y el reproductor. Siento que el sustento de mi familia está en riesgo. Esta zona es muy insegura para dejar el carro en la vía».
Los vecinos del callejón Canaima de la calle Real de La Vega, en medio de la ocupación violenta, dejaban aflorar otros temores. Esta comunidad de unas 70 casas, ubicadas detrás de los estacionamientos tomados, piden garantías a la alcaldía Libertador de que sus viviendas no se verán afectadas cuando arranque la construcción de los nuevos edificios. Sin dar sus nombres por temor a represalias, muchos alegan que el terreno es frágil y que urge hacer una evaluación de las casas antes de arrancar cualquier obra. Los miedos de esta comunidad no son infundados. Ayer los vecinos vieron como funcionarios de la Sindicatura tumbaron a mandarriazos la pared lateral de la pescadería que funciona entre los dos estacionamientos. «Yo no me estoy negando a salir, solo quiero negociar. Tres familias dependemos de este negocio. Ellos llegaron de una manera arbitraria y tumbaron la pared prácticamente encima de la nevera de los pescados, como si yo no existiera. Cuando le pedimos la orden de desalojo nos dijeron que no la tenían, que la iban a buscar. Queremos una garantía de que nos van a reconocer el esfuerzo de siete años de trabajo», pedía Nora Sánchez, una de las dueñas de la pescadería. Aunque se intentó conocer la versión de los funcionarios de la Sindicatura Municipal, éstos no dieron declaraciones sobre el procedimiento de ocupación.
La toma inconsulta de los estacionamientos Zoraida y Rosángela, se suma a 30 parqueaderos que ya corrieron la misma suerte en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía, Altagracia y San José.
El consejo comunal de la calle Real de La Vega aprueba la medida de expropiación pues alega que beneficiará a 72 familias. Pero son muchos más las familias que ahora se verán afectadas por la desaparición de los dos únicos estacionamientos con los que contaba la comunidad.