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El parlamentario destacó que el instrumento legal prevé que quienes tengan armas de manera ilícita las entreguen voluntariamente en los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la normativa, así como el registro de las que poseen porte lícito.
Apuntó que, de no darse dicha entrega, el Estado intervendrá con operativos especiales para incautar armas y municiones ilegales.
Resaltó que se prevé una campaña intensa, con apoyo de los medios de comunicación, para propiciar la entrega voluntaria de las armas, que informe los riesgos y penas que implica la tenencia ilegal de estos artefactos.
Este instrumento legal fue aprobado en primera discusión en mayo pasado, por lo que el parlamentario desestimó que “aspirantes opositores a la AN intenten hacer de este proyecto una bandera política en su campaña”.
Resaltó que por primera vez se legisla en torno al control de municiones. Comentó que el proyecto establece no más de 25 municiones, reemplazables en la medida en que el individuo demuestre que las utilizó con justificación.
Apuntó que aunque se mantiene la posibilidad de la tenencia y porte de armas, ésta tiene amplias restricciones. Mencionó entre ellas que se limita a personas mayores de 25 años.
Especificó que se trata de una ley fundamentalmente preventiva que, además, contiene sanciones graves a quienes posean armas de forma ilícita.
Jiménez comentó que el objetivo es que las armas se mantengan en poder del Estado y que los civiles que las posean lo hagan con las consideraciones que establece la Ley.
Agregó que la normativa prohíbe portar armamentos en sitios de concentración pública, centros de salud y educativos, espacios de reclusión de niños y adolescentes, entre otros.
El Nacional