La iniciativa de Ley conocida como Nica Act, tiene como objetivo imponer sanciones económicas al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como consecuencia de las constantes violaciones a la Ley y la Constitución de Nicaragua, los fraudes electorales, el control de las instituciones del estado, el nepotismo y la corrupción galopante del Gobierno de Ortega, que ha logrado mantenerse por más de 10 años en el poder a través de artificios legales.
La propuesta de ley patrocinada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, con el apoyo de más de 20 congresistas, fue presentada y aprobada por el Congreso a finales de septiembre del 2016, posteriormente presentada ante la Cámara Alta por el senador Ted Cruz, sin embargo, no logró ser discutida durante ese periodo legislativo por lo que el proceso deberá iniciar nuevamente ante el Congreso.
La ley, cuyo contenido inicial se mantendrá en la nueva propuesta legislativa, insta a la administración estadounidense a votar en contra de todo préstamo que solicite el Gobierno de Nicaragua ante las instituciones financieras internacionales “hasta que enfrente la corrupción y se celebren elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
Otro de los aspectos que incluiría es el respeto y la protección de los derechos políticos a los partidos de oposición. También contempla incluir la protección a líderes defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, y la protección a la integridad física de los periodistas así como el libre ejercicio de su profesión.
El Gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, impiden el acceso a cobertura de medios independientes que han sufrido de agresiones verbales y físicas por funcionarios del régimen.
Las condicionantes deberán ser cumplidas para que el Gobierno tenga acceso a los créditos de los organismos financieros internacionales, de acuerdo a el contenido de esta ley.