Siete de las ocho personas detenidas conformados por vecinos y funcionarios de la Alcaldía Mayor detenidos en relación con la fuga el pasado viernes del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fueron liberados anoche después de más de 96 horas recluidos en una sede del servicio secreto sin que se presentaran cargos contra ellos.
«Fueron liberados todos a excepción de la administradora de la Alcaldía mayor», explicó a Efe el abogado de Ledezma, Joel García, que explicó que permanece privada de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide sin que haya sido presentada a un tribunal.
Según la ley, los cuerpos de seguridad están obligados a presentar a los detenidos ante un juez -que debe decidir sobre su libertad- antes de que pasen 48 horas desde del momento de su arresto.
Entre los que ya han sido puestos en libertad están el presidente del condominio del edificio donde vivía Ledezma, el conserje, un vigilante y la persona que hacía mantenimiento técnico de las cámaras de seguridad del complejo, situado en Caracas y donde Ledezma se encontraba bajo arresto domiciliario.
«Estas personas fueron aprehendidas sin ninguna orden de captura, no fueron presentados dentro de las 48 horas que marca la ley ante ningún tribunal de control o de garantías, y fueron puestos en libertad diciéndoles que estaban en calidad de testigos, o sea, unos testigos que estuvieron privados de libertad por más de 96 horas», dijo García.
El abogado denunció además que la casa de Ledezma esté en posesión del Sebin pese a no haber dictado la justicia ninguna medida cautelar al respecto. «No permiten que ingrese nadie a la vivienda», explicó, lamentando la arbitrariedad del funcionamiento de la justicia en nuestro país.
El alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, de 62 años, burló la semana pasada la vigilancia del Sebin en su domicilio y escapó por carretera a Colombia, desde donde voló a Madrid para denunciar los atropellos a la democracia que se producen en Venezuela.
El veterano político era, según Foro Penal, uno de los más de 300 presos políticos que según esta organización pro derechos humanos hay actualmente en Venezuela.