Nadie dijo que iba a ser fácil, que el régimen aceptaría su derrota
parlamentaria y dejaría que la mayoría ejerciera su facultad contralora sobre el
gobierno y toda la administración pública, como si fueran demócratas. Maduro
y su combo saben que las investigaciones que hará la nueva Asamblea
Nacional dará con los responsables de la debacle injustificable que sumió a
Venezuela en la miseria, que se destaparán las ollas de todas las corruptelas,
las relaciones con grupos terroristas y, por supuesto, las implicaciones directas
con el narcotráfico de funcionarios civiles y militares o de forma indirecta, a
través de familiares y terceros.
El Poder Legislativo tiene la atribución de declarar la responsabilidad política
de los funcionarios y solicitar al Poder Ciudadano –Art. 222 de la
Constitución– que intente las acciones para hacer efectivas las
responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar, por eso Maduro y
Cabello se muestran como pranes arrinconados capaces de cualquier cosa.
El régimen está desesperado porque dentro de seis meses se podrá activar un
referéndum revocatorio o cualquiera de las salidas constitucionales para
cambiar al gobierno inepto y corrupto de Nicolás Maduro. Están provocando
una crisis institucional, asestan un golpe a la Asamblea Nacional al
desconocer su autonomía y declararla en desacato a través de un cuestionable
Tribunal Supremo de Justicia que, en vez de magistrados tiene a malandros
dictando sentencias para que los pranes puedan salvar el pellejo.
Ningún tribunal, incluido el TSJ, tiene facultades para desconocer la
autonomía del Parlamento y la voluntad popular. El TSJ es un poder
designado, no electo, que desacata la voluntad del soberano y usurpa
potestades del CNE, que acreditó y proclamó a los cuatro diputados del estado
Amazonas, que ahora desconocen para que la oposición pierda la mayoría
calificada.
El gobierno juega al caos, a la ingobernabilidad, no se da cuenta de que ya no
le mete miedo a nadie; que mientras empapela el país con retratos del difunto
presidente y del Libertador chimbo, los ciudadanos esperan que resuelva la
descomunal crisis económica que atraviesa el país. La gente de a pie ya no
come cuentos, especialmente los que resuenan desde el más allá: “No importa
que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se
trata de salvar la revolución”, pues a la gente sí le importa tener qué comer;
aquí la única revolución posible es el imperativo de cambio que avanza
inexorable, sin ideología comunista, con el eco mortecino de un “comandante
eterno”, reiterado hasta la saciedad, estampado en muros, franelas y pendones
propios de un parque temático que ha perdido su atracción.
El gobierno no contempló los daños colaterales para el imaginario colectivo al
dejar en un ministro de la Defensa, para nada confiable, el desagravio a las
imágenes desalojadas del Capitolio.
“Honor militar”
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pasó de tener una postura
institucional el 6-D a una política partidista, repudiada por la mayoría de los
venezolanos y expresamente prohibida por la Constitución que juró cumplir.
Al general se le pasó la mano en su empeño de reivindicarse ante Nicolás
Maduro y le está pagando con creces el favor de haberlo dejado en su
gabinete.
Padrino López se presta a la farsa del desagravio por unos cuadros que
sacaron de la Asamblea, y escupe para arriba cuando denuncia ultraje al
“honor militar”, cuando no hay mayor deshonor que arrodillarse ante un tirano
como Fidel Castro, permitir la entrega del país y recibir instrucciones de los
cubanos, además de tener a hombres vinculados con el narcotráfico entre la
cúpula de la Fuerza Armada.