Añadió que la reunión arrojó una exhortación a mantener una comunicación más fluida.“Estaremos a la expectativa de la respuesta de la CEV. De nuestra parte la posición es de paz y de diálogo”, afirmó.
La CEV dio a conocer hace dos semanas un comunicado a propósito de la clausura de su asamblea general, en el que sostuvo que el socialismo impulsado por el presidente de la República, Hugo Chávez, «se inspira en el régimen comunista cubano y se ha venido concretando a través de leyes y hechos que desconocen la voluntad popular y la Constitución vigente».
Ante este pronunciamiento y los del cardenal Jorge Urosa, la directiva de la AN invitó al Arzorbispo de Caracas a una reunión con la Comisión Coordinadora del Parlamento para que explicara las insistentes declaraciones que ofreció en días pasados contra el Gobierno, al cual acusó de conducir al país a un sistema «totalitario marxista».
Calificó como un avance la visita, pues Urosa aclaró que “no señala que la AN produce leyes inconstitucionales, sino que tiene observaciones puntuales de algunas normativas que piensa él coliden con la Carta Magna, pero que respeta la competencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interpretarlas”.
Reiteró que el Arzobispo aseguró que respeta los Poderes Públicos y al presidente Chávez, y que admitió que las observaciones que le plantearon los parlamentarios serán motivo de reflexión para él.
Isea apuntó que los diputados le resaltaron el apoyo del Estado a los programas educativos de la Iglesia y la seguridad social para los sacerdotes promovida por el Gobierno, y afirmó que Urosa reconoció logros del Gobierno, como las misiones sociales.
Los asambleístas también le hicieron ver que sus recurrentes declaraciones apuntaban a pensar que estaba afiliado a la oposición, si bien el Cardenal aseguró que no hacía filas en ninguna tolda política y que la Iglesia no formaba parte de un plan conspirador.
El diputado destacó que le insistieron también en la importancia de este deslinde, pues a la Iglesia Católica pertenecen millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en quienes «impactan las declaraciones que contra el Gobierno legítimamente electo pueda expresar, lo que puede traducirse en zozobra y miedo entre los ciudadanos».