En tal sentido, el parlamentario Juan Carlos Caldera (PJ), aseguró que, de mantenerse secreta la lista de postulados, se estaría violando la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que en su Artículo 67 establece que el procedimiento debe ser público y transparente.
Las declaraciones las emitieron los diputados de la alternativa democrática luego de que culminara el período de entrevistas de los candidatos, a quienes les enviaron un «mensaje claro»: «Los magistrados se deben a la Constitución, no a la Revolución; y sus decisiones deben estar apegadas a las leyes», insistió Caldera.
Sin embargo, el diputado de Miranda lamentó que los aspirantes sean personas reconocidas por su «compromiso político revolucionario» y no por su compromiso académico ni capacidad profesional. Hizo énfasis en que entre los deberes del poder judicial está el de controlar las actuaciones del Estado, «lo legal y lo ilegal», apegándose a la Constitución e «indistintamente de presiones políticas».
Caldera aseguró que uno de los grandes problemas que tiene el país como es la inseguridad, está enraizado en la impunidad y está asociado a que se le dé «prioridad a la política y no a impartir justicia».