Lo anterior no es una declaración de alguna ONG defensora de los derechos humanos. Es un párrafo de la exposición de motivos inserta en el proyecto de Código Orgánico Penitenciario que presentó ante la Asamblea Nacional el ministro de Interiores, Tareck El Aissami. Lo consignó el martes pasado en medio de la rendición de cuentas, donde informó que actualmente hay 44.520 presos en 30 cárceles.
El proyecto de 378 artículos, describe los grandes momentos del sistema penitenciario venezolano desde su nacimiento en 1961, década en la que hubo un «uso desmedido de la detención preventiva como principal estrategia de política antidelictiva», método que prosiguió en la década de los 80, para desembocar en los 90, cuando el sistema «da muestras de un colapso total».
Esa década de los 90 la decriben así: corrupción de funcionarios civiles y militares adscritos al sistema penitenciario, tráfico de drogas, armas de fuego y municiones, altas cifras de muertos y heridos y deterioro físico de los establecimientos.
Dice la exposición de motivos que con la entrada en vigencia del Copp en 1999 se da un salto de gran magnitud, cuyos primeros efectos fue la reducción de casi 50% de la población penitenciaria. «Esto acabó temporalmente con el hacinamiento en los centros penitenciarios, sin embargo el deterioro de las condiciones de vida y la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad continuó, producto de la improvisación y la debilidad de las instituciones». Con el proyecto de Código, el Gobierno pretende someter al sistema penitenciario al escrutinio social y político «urgentemente», dice el texto.