El ambiente en el nivel feria del centro comercial Lago Mall de Maracaibo, se parecía al de la fachada de un supermercado al momento de la llegada de productos regulados. Gritos y conflictos por el orden de una lista llenaban el lugar. La razón; la tienda de ropa para niños EPK ofrecía descuentos de 70 por ciento en toda su mercancía por orden de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde).
Afuera de la tienda se acomodaba un grupo de 20 personas que esperaban para ingresar, mientras adentro, usuarios se movían rápidamente escogiendo las prendas que iban a adquirir. Los clientes que lograron comprar a las 4.30 de la tarde, se lo debían a las nueve horas de cola que hicieron desde tempranas horas de la mañana.
“Yo llegué a las 7.30 de la mañana y era la número 25 de la lista 35 que ya tenían”, dijo una usuaria que permaneció anónima. “Yo ayer (el miércoles) le compré la ropa a mis hijos y cuando me llamaron para decirme lo de las ofertas, me quería morir”, aseguró la mujer. En el establecimiento explicaron a los compradores que solo podrían comprar cuatro artículos por persona, por lo que en horas de la tarde, todavía quedaba inventario.
Fiscales de la Sundde, funcionarios de la Guardia Nacional y refuerzos de empleados de seguridad controlaban a la multitud que se amontonaba detrás de la barra dispuesta para el resguardo de la tienda que antes de la imposición del organismo del estado, ofrecía descuentos de 30 por ciento.
“Esto es espectacular”, asegura Belanyeli Del Mar, ama de casa. Explica que la semana pasada se fue de la tienda con las manos vacías, pues un pantalón para su hija de un año tenía un precio de 50 mil bolívares: “Ahora está en Bs. 10 mil o Bs. 12 mil, es accesible”. A pesar de esta opinión, reconoció que los precios que se manejaban anteriormente, eran los reales.
La orden
William Contreras, jefe de la Sundde ordenó que las 31 tiendas de la marca que hacen vida en el país redujeran 70 por ciento de sus precios y que se ejecutaran ventas supervisadas de sus productos. Esto pues, asegura que las tiendas cometieron un delito al hacer una “publicidad engañosa” al ofrecer precios que no correspondían a los que se leían en las etiquetas en los establecimientos. También los acusan de remarcaje de precios, además de presunto involucramiento en la extracción de papel moneda y desestabilización económica.
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