Un funcionario gubernamental de alto rango dijo que el alza de salarios será uno de los temas centrales de un mensaje a la Nación con el que el gobernante saldrá al paso a amenazas de protestas contra el alza de hasta un 83% en los combustibles, informó Reuters.
«El aumento salarial compensará tanto la inflación acumulada en el 2010 como el efecto directo de la eliminación de la subvención a los combustibles», dijo la fuente, rehusando hacer precisiones.
«Esperen el mensaje del presidente, ahí se va a ver qué otras decisiones va a asumir el Gobierno… Va a haber una serie de anuncios que va a hacer el presidente, no puedo adelantarme a eso», dijo el portavoz Iván Canelas.
Agregó que el mensaje que se transmitirá hoy a las 8.00 de la noche contendrá acciones derivadas «de la medida que asumió en las últimas horas el Gobierno» de aumentar los combustibles, que ya desató alzas especulativas y generalizadas de precios en el transporte y los alimentos.
Previamente, el ministro de Economía, Luis Arce, cifró en torno a 20% el alza acumulada de precios entre la inflación del 2010 -que rondaría el 7% frente a 0,26% en el 2009- y lo previsto para las primeras semanas de enero como consecuencia del llamado «gasolinazo».
El alza de hasta 83% en los precios de los combustibles para automotores convirtió a Morales en blanco de duras críticas, incluso de los sindicatos con los que había desarrollado una suerte de co-gobierno.
Canelas dijo que el Gobierno esperaba llegar lo más rápido posible a un acuerdo sobre tarifas con los propietarios del transporte automotor y con la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a todos los sindicatos del país.
Morales hizo hasta ahora sólo una breve referencia al reajuste de combustibles cuando lo justificó como «nivelación de precios (con el mercado internacional) para evitar la sangría de la economía» provocada, dijo, por el contrabando de combustibles subvencionados a países vecinos.
El alza en los precios de los combustibles -que llevaban varios años congelados- busca recortar los subsidios estatales, un viejo lastre que sólo este año le costó unos $380 millones al Estado, monto que equivale a cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país.