La Mesa de Unidad considera que el Bicentenario nos encontró con un país dividido: «Desde el poder se promueve la separación y el enfrentamiento entre venezolanos. El ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales, reconocidos en la Constitución de 1999, ha sido coartado por la acción de un gobierno que descalifica, criminaliza e intenta limitar la participación de quienes tienen una visión distinta a la suya. Como resultado, venezolanos se encuentran en la cárcel por emitir opiniones contrarias a la verdad oficial. Muchos también se encuentran fuera del país perseguidos por enfrentar en el campo político y social las tendencias autoritarias del actual Gobierno (…). Antes que realizar llamados a la integración de esfuerzos y voluntades, se ha optado por la fractura y el enfrentamiento».
La Mesa también menciona las denuncias de violación a derechos humanos en el país y señala que contradicen la definición de la República Bolivariana de Venezuela como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Además se alerta que se ha limitado el desarrollo republicano al convertir la separación de poderes «en una caricatura, y minar el carácter federal y descentralizado del Estado mediante leyes y procedimientos originados en el Poder Ejecutivo, cuya influencia sobre los demás poderes es evidente, y adquiere características especialmente preocupantes cuando instrumentaliza la administración de justicia».
Otra crítica se refiere a las «agresiones a los derechos de propiedad, ejemplificados en expropiaciones arbitrarias que afectan a todos los ciudadanos, tanto a los pequeños propietarios y comerciantes, como a las familias y a las grandes empresas. Tales acciones afectan la estabilidad para invertir, las posibilidades de prosperar y generan un clima de desasosiego en la sociedad, el cual perjudica a todos los venezolanos, sobre todo a los pobres».
En el documento se indica que Venezuela reclama en el Bicentenario una propuesta de unidad y de progreso. «Ratificamos ante el país nuestro compromiso por promover los espacios de encuentro y reconciliación entre los venezolanos, así como políticas innovadoras para garantizar el progreso de todos. La diversidad de nuestras perspectivas nos ayuda a entender que el país es uno solo, requerido de lazos de cooperación y trabajo conjunto». También se expresa que todas estas situaciones han contribuido a generar un clima político que «no respeta el pluralismo y la diversidad, rasgos fundamentales de una sociedad democrática».
Además, se manifiesta que el Estado ha sido resumido a la voluntad de una sola persona, que la economía del país no progresa, que la inseguridad acaba con la vida de miles de venezolanos, que el desempleo y la inflación han aumentado y que el malestar de los venezolanos se ha agravado con la crisis eléctrica y la falta de agua.
En el documento se recuerda que el Gobierno «ha anunciado al país un amplio despliegue propagandístico y de poderío militar y, otra vez, un enorme gasto de recursos, que no se compadece con las reales condiciones de los venezolanos. El Gobierno ha colocado la forma y el culto a los símbolos personalísimos antes que a los verdaderos problemas de los venezolanos, que afectan nuestra democracia y nuestro progreso».
El Universal