El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que 39 presos políticos requieren medidas humanitarias, pues presentan complicaciones con su salud.
Humberto Prado, director del OVP, denunció que al menos 45 presos políticos sucumben ante la «precariedad» del sistema penitenciario y recriminó al Estado la falta de atención médica a los reclusos, expresa el comunicado de la organización.
«39 presos políticos requieren de medidas humanitarias por el deterioro de su estado de salud», señala la ONG, que recalca casos como el del diputado Gilber Caro, detenido desde enero. El parlamentario realizó una huelga de hambre durante nueve días y debió suspenderla por complicaciones con su estado de salud.
Asimismo, también mencionan el caso del dirigente Carlos Graffe, del partido Voluntad Popular, quien padece de cálculos renales; y el delicado estado de salud en el que se encuentra el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos.
«El Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la salud de estas personas», expresó Prado.
El director de la ONG hizo un llamado para que los organismos internacionales se pronuncien sobre esta situación «que pone en peligro al resto de la población penitenciaria, que en su conjunto están expuestos a enfermedades como tuberculosis, escabiosis, infecciones de transmisión sexual, entre otras».
También, exigió a las autoridades competentes acatar 18 boletas de excarcelación emitidas por varios tribunales del país desde hace meses y que, sin embargo, no se han traducido en la libertad para el mismo número de detenidos, entre ellos el dirigente opositor Yon Goicoechea, que además es de origen español.