Zeid Ra’ad al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó este lunes que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela en el marco de las protestas antigubernamentales, e hizo un llamamiento urgente al Consejo de Derechos Humanos para que ara una investigación internacional acerca de los sucesos ocurridos en Venezuela.
“Mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que sólo puede ser confirmado por una investigación penal ulterior”, señaló el diplomático jordano en su discurso de apertura de la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Zeid dijo que apoya el concepto de una Comisión nacional de la Verdad y Reconciliación, pero consideró “inadecuado” el mecanismo actual, acotando que el mismodebe ser remodelado “con el apoyo y la implicación de la comunidad internacional”.
Así mismo el alto funcionario de la ONU instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una “investigación internacional” sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El alto comisionado señaló que “hay un peligro real” de que las tensiones en el país se intensifiquen más al “machacar el Gobierno instituciones democráticas y voces críticas, incluso mediante procesos penales contra líderes opositores, el recurso a detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de detenidos, que en algunos casos equivale a tortura”.
Zeid recordó a Caracas que Venezuela es un miembro del Consejo de Derechos Humanos y que, como tal, “tiene un deber particular a la hora de salvaguardar los estándares más elevados en la promoción y la protección de los derechos humanos”.
El diplomático jordano hizo estas observaciones poco antes de la intervención ante el Consejo de Derechos Humanos del canciller venezolano, Jorge Arreaza, y pocas semanas después de que su oficina publicara un informe sobre las “extensas” violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas antigubernamentales entre el 1 de abril y el 31 de julio, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad y las unidades militarizadas