Opositores consideran a Álvarez Paz un preso político y piden su liberación

   La oposición condenó el martes la detención del ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz, a quien consideran un “preso político”, y denunció que con su aprehensión se busca promover el “miedo” y la “autocensura” entre los sectores adversos al gobierno del presidente Hugo Chávez.

La detención del ex gobernador del estado occidental del Zulia generó el martes fuerte rechazo de sectores opositores y activistas de derechos humanos. Es procesado por unas declaraciones que ofreció a un canal local en las que criticó las acciones del gobierno para combatir el narcotráfico.

El gobierno negó el martes que la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial, de 67 años, responda a una acción política, tal como sostiene la oposición, y aseguró que su proceso está apegado a las leyes.

Unos quince partidos opositores, aglutinados en la llamada “Mesa de la Unidad Democrática”, condenaron en un comunicado el proceso contra el ex gobernador, y afirmaron que el político fue arrestado por un “delito de opinión, algo inadmisible en una democracia”.

“Es claro que se trata de una violación de la Constitución así como de un intento para promover el miedo y la autocensura, como medio para silenciar a los venezolanos“, señaló el bloque opositor al denunciar que en el caso de Alvarez Paz se incurrió en el “uso descarado de la administración de justicia para fines políticos”.

El ex gobernador fue imputado la semana pasada por la Fiscalía por incurrir presuntamente en los delitos de “conspiración”, “instigación pública a delinquir”, y “difusión de información falsa”, por las afirmaciones que hizo el pasado 8 de marzo en el programa “Aló Ciudadano” que transmite el canal de noticias Globovisión.

Poco después de esa acción, el Ministerio Público solicitó a un tribunal capitalino la detención de Alvarez Paz, acción que se concretó la noche del lunes.

El abogado del ex gobernador, Omar Estacio, dijo a la AP que Alvarez Paz permanece detenido en la sede de la policía política a la espera de una audiencia en el tribunal que lleva su caso, en la que la defensa pedirá la libertad provisional del opositor.

Estacio insistió en que los tres delitos por los que fue imputado Alvarez Paz no poseen “sustento técnico” y tiene unas bases jurídicas “muy frágiles”.

De ser declarado culpable por alguno de los tres delitos Alvarez Paz podría ser condenado entre 2 y 16 años de cárcel, informó la Fiscalía.

Al ser preguntado sobre el estado del ex gobernador, el abogado dijo que está de “muy buen ánimo”, y “más firme en su propósito de enfrentar esta medida sin evasiones, sin huidas”.

El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, fustigó el martes duramente a los medios por el manejo que han dado al caso, y sostuvo que se está tratando de “tergiversar los hechos” al presentar a Alvarez Paz como un “preso político”, hecho que descartó el funcionario.

“Aquí no puede pararse ahora cualquier persona a difamar, a mentir, a manipular a través de un medio de comunicación sin que aquí pase nada“, dijo El Aissami al justificar el proceso contra el opositor, y aseguró que su caso se ha manejado con “estricto apego a una orden del Poder Judicial”.

“Así como él (Alvarez Paz) tiene la responsabilidad de pararse en su medio y afirmar lo que él afirma, tiene que tener también plena responsabilidad, como lo señala nuestra Constitución, de asumir las consecuencias de lo que él dice”, agregó el ministro.

La integrante de la organización humanitaria local Espacio Público, Débora Calderón, afirmó que el proceso emprendido contra el ex gobernador ratifica las denuncias que han realizado algunos activistas y organizaciones internacionales en cuanto a que la libertad de expresión está en riesgo en Venezuela.

Calderón dijo a la AP que en Venezuela se está utilizando “todo el marco legal para detener lo que sería la libertad de expresión en vez de apoyarla, enriquecerla y fortalecerla”.

La activista expresó que el caso de Alvarez Paz guarda coincidencia con el proceso que iniciaron hace dos años las autoridades judiciales contra el editor del diario El Nuevo País, Rafael Poleo, por unas declaraciones que ofreció en Globovisión en las criticó al presidente Chávez.

Poleo huyó el año pasado del país alegando que había “una persecución en su contra”.

Alvarez Paz fue gobernador del estado Zulia entre los 1990-1993 y renunció al cargo en 1993 para lanzarse como candidato presidencial por el partido social cristiano Copei, donde militó por varias décadas.

En el año 2005 el político creo la organización local Alianza Popular.