Botero, quien asistió en San Salvador a un seminario organizado por la Universidad Centroamericana (UCA), dijo a EFE que, en Cuba, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma en su primera frase que en ese país “no existe libertad de expresión”.
Al aludir a Venezuela, que fue incluida en el denominado Capítulo IV de la CIDH, el cual llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, opinó que “hay una situación muy grave”.
“Se están cerrando todos los espacios para la discusión política abierta, plural, desinhibida en Venezuela y se está aplicando incluso el delito de desacato”, afirmó.
Explicó que las leyes de desacato “sancionan a quien ofenda la dignidad de la autoridad pública, a quien ofenda al presidente o a los funcionarios públicos o los critique duramente”.
“Las autoridades públicas tienen la obligación de tener mayor tolerancia, porque tienen mayor poder y eso significa que pueden haber críticas que son injustas, ofensivas, perturbadoras que hacen parte del discurso protegido por el derecho a la libertad de expresión”, añadió.
Se refirió a hechos denunciados en Colombia, donde se descubrió que la agencia de seguridad del Estado estaba “espiando sistemáticamente” a los periodistas más críticos con el Gobierno, así como campañas de hostigamiento en papeles de esa institución y un manual sobre cómo amenazar a una reportera.
“Eso es intolerable, eso es un escándalo a nivel regional”, sostuvo Botero.
Consideró que la Fiscalía General de ese país “tiene que proceder inmediatamente para investigar a todas las personas involucradas en ese proceso” y el Gobierno de Colombia debe “tomar todas las medidas disciplinarias administrativas para acabar con la posibilidad de que eso pueda volver a suceder”.
Sobre México, si bien admitió que la situación es “extraordinariamente grave justamente por las amenazas que supone el crimen organizado y su capacidad de corrupción”, destacó el trabajo con el Gobierno.
“Tenemos una muy buena relación con el Gobierno y creemos que eso es importante decirlo, porque cuando hay voluntad para que las Relatorías puedan entrar y hacer las recomendaciones, creo que el camino está más despejado para poder brindar mayor protección”, dijo.
Honduras está bajo una “alerta roja” por los asesinatos de seis periodistas en lo que va de año, afirmó Botero, quien señaló a este país como uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión.
No obstante, matizó que “en la región hay avances muy importantes en materia de libertad de expresión y acceso a la información”.
Destacó ejemplos como el de México, donde la Corte Suprema ordenó al estado de Guanajuato que derogara normas de injuria y calumnia cuando se aplicaba a periodistas cuyos trabajos criticaban a funcionarios, o el de Uruguay, que ha elaborado un conjunto de leyes para avanzar en la protección a la libertad de expresión.
EFE