34 organizaciones de derechos humanos solicitaron este miércoles la presencia de organismos internacionales para verificar los casos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes de los que han sido víctimas los más de 600 detenidos por razones políticas del país y velar por su integridad física.
Las instituciones y gremios suscribieron un documento que será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las Organización de Naciones Unidas.
Silvia Alegret, de la ONG Expresión Libre, denunció que los presos políticos sufren vejaciones y agresiones a su integridad física bajo la mirada de las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad. Alegret hizo énfasis en el caso del periodista y líder comunitario, Carlos Julio Rojas, quien actualmente permanece recluido en la cárcel de Ramo Verde, y según sus familiares ha sufrido torturas y malos tratos de parte de funcionarios militares. “Carlos tiene dos días sin comer, seis días sin ir al baño y está recluido con más de 100 personas”, detalló Alegret, quien mencionó además el caso de los periodistas Alberto Cabrela y Antonio Medina, quienes también están privados de su libertad.
De este modo, cuestionó la persecución que el Estado tiene en contra de la disidencia y condenó que las personas aprehendidas sean juzgadas en tribunales militares y no civiles.
Oswaldo Cali, miembro de Espacio Público, señaló que esta acción busca que las instancias internacionales puedan ejercer presión en el Gobierno para que se restablezca la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y el respeto los derechos humanos en el país. “Pedimos que el Gobierno permita la entrada de estos organismo”, resaltó.
Mariengracia Chirinos, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), señaló que el gremio de periodistas ha sido agraviado por las coacción de las autoridades. Precisó que en el último semestre de 2017 hubo 35 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa, en su mayoría ocurridas en el contextos de las protestas antigubernamentales que se suscitaron en el país.
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, agregó que el Gobierno pretende silenciar a los medios para evitar que los ciudadanos se enteren de los problemas que padece el país como el desabastecimiento y la inseguridad. Pidió a los organismos de seguridad que se apeguen a los principios constitucionales y garanticen el respeto de los derechos humanos.
Guía aprovechó para rechazar además la discusión de la ley contra delitos de odio por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y cuestionó que esta legislación pretenda controlar las redes sociales para socavar el derecho a libre expresión y opinión de los ciudadanos que han conseguido en las plataformas digitales una herramienta para denunciar las irregularidades del Gobierno.