Para alquilar un inmueble hay que disponer de más de 13 mil BsF

   En un calvario se ha convertido la búsqueda de inmuebles alquilados. Bs.F. 3 mil, mensualidad mínima de un apartamento de dos habitaciones, informa Panorama.

Alquilar un inmueble no es tarea fácil, ni tampoco representa una opción económica. Para poder arrendar una vivienda los inquilinos deben contar con Bs. F. 13 mil, como mínimo.

“Los arrendatarios no sólo deben contar con el mes de adelanto, también con tres meses de depósito — más de eso es ilegal, así lo establece la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios—, más los gastos del registro del documento y, si utilizó una inmobiliaria, el mes de comisión”, así lo explicó el asesor inmobiliario William Medina, director de una firma de bienes raíces .

“El 75% de las personas que estamos atendiendo buscan alquileres. Conseguir uno en menos de Bs. F. 3 mil es muy difícil, y estamos hablando de espacios reducidos, de dos habitaciones”, destacó el asesor.

En cuanto a los costos, señaló Medina: “Éstos siguen siento elevados. En la zona norte y el este, no bajan de Bs.F. 4 mil; mientras que para el oeste y el sur se puede jugar con las ofertas que, mínimo, son de Bs.F. 3 mil”.

La abogada Dayana Arapé aseguró que la demanda es tanta, que los inmuebles son caros independientemente del tamaño. “Un gran segmento de los venezolanos no cuenta con la inicial para una vivienda propia, por lo general, les piden Bs.F. 100 mil de anticipo. Lo demás, que es el 75% del costo del inmueble, lo buscan a través de la aprobación del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov), cuyos procesos están tardando meses en los bancos”.

Además, destacó Arapé que: “Apenas el 6% de los propietarios fija los precios de acuerdo con las condiciones legales. Los arrendadores optan por contratos de seis meses, improrrogables, para poder realizar nuevos contratos con otros inquilinos y así romper a relación arrendataria y poder aplicar los aumentos, de no hacerlo así caen en la ilegalidad. El 80% de los inquilinos aceptan los aumentos por el temor de no encontrar algo que esté dentro de sus posibilidades de pago”.

Según la Oficina de Inquilinato, el 60% de los arrendadores acude a la instancia para solicitar la desocupación de las viviendas; mientras que el 40% restante solicita audiencias para denunciar aumentos de los cánones de arrendamiento, montos que, incluso, duplican los precios.

“Nosotros somos una instancia conciliatoria, tratamos de llegar a un acuerdo entre las partes que sea satisfactorio, por lo general, se resuelven y no llegan hasta instancias judiciales”, indicaron los funcionarios.

También destacaron que pese a la medida de congelación que viene renovando el Ejecutivo desde el 2004, se puede hacer un ajuste, siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes y con base en el artículo 14 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.

El artículo establece que el contrato de arrendamiento, a tiempo determinado o indeterminado, sobre inmuebles exentos de regulación y en los que no se haya pactado cláusula de valor a los fines de la actualización periódica del canon de arrendamiento mensual, se ajustará cada vez que haya transcurrido un año de la relación arrendaticia, de acuerdo al

Índice General de Precios al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela, si las partes no llegan a un acuerdo sobre el monto”.

Para Cynthia Sánchez, alquilar ha sido una odisea: “Apenas sale un anuncio de un apartamento accesible, vuela. Compro el periódico en la madrugada y trato de llamar a primera hora. También me ha tocado ir edificio por edificio y, aún así, es difícil. Por un apartamento tipo estudio están cobrando más de Bs.F. 2.500”.

En defensa de los dueños de los inmuebles, Carlos Castro expuso: “Es imposible mantener un precio por varios años. Todo aumenta y en algunas ocasiones representan un fuerte ingreso para la familia, algunos ciudadanos dependemos de esos alquileres”.

El Tribunal Supremo de Justicia prohibió, bajo una circular del 1 de enero de 2011, los desalojos sobre inmuebles destinados a la vivienda familiar o de habitación. “La medida no es nueva, los jueces tienen más de dos años sin declarar desalojos, sólo que no se sabía públicamente. La normativa puede acarrear un caos económico. Está violentando el derecho a la propiedad. No es la burguesía la que lidera los alquileres, la gran cantidad de alquileres son de personas de clases media y baja, que lo ven como un negocio para subsistir”, explicó una aboga que prefirió resguardar su identidad.

La especialista considera que la situación puede generar desalojos forzosos por parte de los dueños y advirtió que podrían presentarse casos de violencia. No se aplicaría el artículo 38 que establece los plazos de desocupación. Lo beneficioso es que se le evita al inquilino vivir la ejecución del desalojo, evita que se quede sin vivienda, si es que no posee”.

El mercado inmobiliario, tanto para los inversionistas, como los arrendatarios, está bajo una incertidumbre, aseguran los especialistas.