«Es una ley que crea un nuevo mecanismo para que el pueblo reciba mucho más y para acoplarnos a la realidad de los precios exorbitantes del petróleo», dijo el mandatario el jueves en la noche en un programa de VTV, sin aclarar si se trata de una nueva legislación o una reforma a la Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos, aprobada en abril de 2008.
La Ley vigente establece que Pdvsa y las empresas mixtas transfieran a Fonden 50% de los ingresos petroleros percibidos cuando el precio promedio mensual del crudo Brent de referencia en Europa sea igual o superior a 70 dólares por barril; mientras que ahora, con esa misma cotización, el traspaso se eleva a 80% de los ingresos extraordinarios. La contribución aumenta a 90% si el promedio cruza los 90 dólares y a 95% cuando la media mensual iguale o supere los 100 dólares por barril.
«Este cambio en las reglas del juego reafirman lo precario y arriesgado que resulta el gobierno del presidente Chávez para los socios extranjeros de Pdvsa», comentó Gustavo Coronel, ex director de la petrolera estatal. «Esto revela desespero por parte del Gobierno por obtener más recursos para la campaña electoral», agregó.
Lo súbito .El impuesto a la ganancia súbita sobre los altos precios del petróleo conocido comúnmente en inglés como windfall tax ha sido cuestionado donde se ha cobrado, principalmente porque se considera que disminuye el atractivo para captar inversiones.
El caso más reciente ocurrió este año en Reino Unido donde se propuso elevarlo de 20% a 32% para las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte, sin que la idea no haya provocado enfrentamientos políticos y se le haya acusado de no estimular las inversiones.
En Venezuela hubo críticas a este impuesto a finales de 2009 cuando Pdvsa anunció la oferta para tres bloques del área Carabobo en la Faja del Orinoco, y el desacuerdo obligó a posponer la licitación para principios de 2010, no sin que antes voceros de la francesa Total y la noruega Statoil anunciaran su decisión de no participar en este proyecto debido a la elevada carga tributaria.
«Mi opinión personal es que esa ley debe ser revisada o eliminada, y eso mejoraría la economía del proyecto», dijo hace un año Baldo Sansó, ex asesor jurídico del Ministerio de Energía y Petróleo. El abogado admitió en una conferencia que las empresas transnacionales objetaban ese impuesto, sobre todo cuando los precios para ese momento estaban entre 70 y 80 dólares por barril.
El Cambridge Energy Research Associates, una empresa de consultoría sobre negocios energéticos, también ha monitoreado la carga impositiva que el gobierno de Chávez ha aprobado en los últimos seis años y en un estudio que realizó cuando se aprobó la actual contribución especial vigente determinó que Venezuela es el país petrolero con mayores cargas tributarias.
«Los altos precios internacionales del petróleo han compensado parcialmente los costos y determinó que los cambios fiscales fueran más aceptables», indicó el CERA en su informe. «En un ambiente de bajos precios, los países petroleros afrontan el riesgo potencial de convertirse en rehenes de sus propias políticas fiscales y aquellas naciones con regímenes poco flexibles para atraer nuevas inversiones podrían afrontar dificultades para reactivar la producción en yacimientos en estado de maduración».
Regiones sin recursos. Los cálculos preliminares realizados por el economista José Luis Saboin, consultor de la firma Ecoanalítica, indican que si el precio del crudo venezolano se mantiene en 94 dólares por barril, las transferencias alcanzarán 7 millardos de dólares con el actual régimen de ganancia súbita. Esta cantidad se eleva en 57% una variación de 4 millardos de dólares lo que permitiría que el Fonden obtenga aportes por 11 millardos de dólares, gracias a lo que se recaudará por las nuevas alícuotas que regirán a esta contribución especial.
Independientemente del monto que declaren Pdvsa y las transnacionales, estos recursos serán administrados directamente por el Ministerio de Planificación y Finanzas, toda vez que el Fonden está adscrito a este despacho.
«El anuncio evidencia la intención del Gobierno de aumentar la discrecionalidad en el gasto y de no darle un centavo a las regiones, y se buscó un mecanismo para evitar que el excedente petrolero genere situado constitucional para gobernaciones y alcaldías», sostiene el economista José Guerra, docente de la UCV.