Presidente del TSJ en el exilio: «Vamos a trabajar para rescatar la ley en Venezuela»

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, obligados a irse al exilio , se instalarán este 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos e iniciarán una agenda de trabajo con el apoyo de la justicia universal sobre “las graves violaciones de Derechos Humanos que sean objeto de denuncia; los delitos de lesa humanidad y aquellos enmarcados dentro de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, donde encuadran los temas de tortura, legitimación de capitales, narcotráfico y terrorismo”.

Así lo aseguró a DIARIO LAS AMÉRICAS, el recién nombrado presidente de este inédito TSJ, Miguel Ángel Martín, quien fue enfático en señalar que el “organismo que trabaja desde el exilio está legítimamente protegido por la Constitución venezolana y los tratados internacionales; por lo que sus decisiones y/o veredictos conducirán a rescatar la ley en Venezuela y la credibilidad en la institución, es decir, el regreso al Estado de derecho”.

Y el camino que han transitado estos magistrados no ha sido fácil, pues este nuevo TSJ, designado por la Asamblea Nacional, ha sido amenazado y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, al punto que los juristas se vieron obligados a abandonar el país para constituirse en el exterior y así poder denunciar los abusos cometidos por una dictadura que obvia los dictámenes de la Constitucional Nacional. Cabe recordar que el régimen de Maduro conformó, a través de unas elecciones fraudulentas, una Asamblea Nacional Constituyente que trabaja en paralelo con el anterior Parlamento y que desconoce a estos nuevos magistrados, quienes fueron nombrados luego de un legítimo proceso de selección previo.

«En los ámbitos de nuestra competencia  vamos a trabajar temas de la justicia universal, que comprenden variados tópicos que son sumamente importantes y que están regidos no sólo por la Constitución venezolana y por el resto de las leyes de carácter de orden público; sino también por los tratados internacionales (…) temas que corresponden a la justicia internacional y universal”.

-¿Qué deben esperar los venezolanos después del 13 de octubre?

-El 13 de octubre vamos a hacer un acto, una apertura en la sede de Organización de Estados Americanos en el salón Las Américas. Es el acto oficial para comenzar a operar como Tribunal Supremo legítimo de Venezuela. Es el acto protocolar que inicia nuestras actividades; a partir de esa fecha vamos a comenzar a resolver y tomar decisiones de todos aquellos casos, peticiones y solicitudes que nos formule el pueblo venezolano y aquellas que también oficiosamente nosotros podamos responder en el ámbito de nuestras competencias.

-¿Cuál es el marco jurídico que respalda su trabajo desde el exilio?

-Primero, nosotros gozamos de una legitimidad de origen porque los 33 magistrados fuimos escogidos cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y las leyes venezolanas. Segundo, tenemos una legitimidad democrática porque nuestra designación fue realizada por nuestro Poder Legislativo, como órgano legítimo y competente, previo a una consulta popular en la cual 7.680.000 venezolanos pidieron el cambio de los poderes públicos. También gozamos del reconocimiento nacional por parte de la Asamblea Nacional, así como de la sociedad civil y organizaciones que hacen vida en el país y también el reconocimiento internacional de países amigos de buena voluntad y demócratas que nos reconocen, como lo que somos, un TSJ legítimo.

-Además de algunos países de la Comunidad Europea y de la OEA , cuáles otras naciones les han mostrado apoyo

-Los precedentes que han existido son gobiernos en el exilio reflejados en un Poder Ejecutivo, un poder político. De acuerdo con nuestra legislación el poder judicial venezolano es un gobierno judicial. El término correcto es (Tribunal Supremo) legítimo y no en el exilio porque nosotros vamos a manejar temas referidos a la justicia universal y la transnacional, y la podemos conocer dentro o fuera de Venezuela. Nosotros hemos hecho un peregrinaje buscando el reconocimiento mundial. Hemos ido a Perú, Argentina, Paraguay, Colombia (donde me encuentro), Bruselas, España y Estados Unidos. Allí nos hemos reunidos con nuestros pares jueces y también con entes gubernamentales y de la sociedad civil como universidades y ministerios relacionados con los temas de justicia.

-¿Temen que las medidas que se tomen queden en el simbolismo, no trasciendan, ni sean realmente efectivas?

-Eso va a depender de la forma como ejerzamos y los temas que vayamos a tratar. Al trabajar los temas de terrorismo o delitos de lesa humanidad, nos vamos a servir de la ayuda y colaboración de la justicia internacional, con la Corte penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. También vamos a hacer rogatorias (exhorto internacional) a los países en aquellos casos en que exista algún delito grave y ya corresponderá al país amigo darle cumplimiento a estas solicitudes. Existen mecanismos dentro del Derecho Público Internacional que vamos a hacer valer.

– Han mantenido comunicación con la fiscal, también en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

-Sí, hemos tenido varios encuentros en los que hemos abierto un canal de comunicación de dos funcionarios, la Fiscalía y el Tribunal. Nosotros la reconocemos como fiscal general de la República de forma legítima y estamos a la espera de que, después de la apertura de nuestras actividades, ella haga las solicitudes que a bien tenga y nosotros las procesaremos como tribunal.

-En la instalación del 13 de octubre cuál es el quorum mínimo que se necesita legalmente.

-Nosotros somos 32 magistrados de los cuales sólo tres no van a participar, dos porque fueron obligados a renunciar y uno que está en Venezuela bajo régimen de presentación [libertad condicional] que es el magistrado Ángel Zerpa Aponte. El resto va a participar y tenemos el quórum que establece la Ley Orgánica del TSJ.

-Es decir, ¿ya no hay ningún magistrado en las embajadas?

-Sí, quedan. Los que están en las embajadas conforman el Tribunal. Los que están en las embajadas votan para la designación de la junta directiva, y son magistrados que conforman cada una de las salas.

-¿Ellos pueden trabajar a distancia?

-Perfectamente. Ellos pueden emitir su opinión, salvar su voto, pueden decir si o no con toda la autonomía que ellos tienen.

-Este TSJ puede ser señalado de que no es imparcial en sus decisiones o en sus ponencias después de que sus miembros han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.

– Nosotros vamos a trabajar con la finalidad de rescatar la ley en Venezuela y la credibilidad en la institución. Y eso nos obliga a ser autónomos, imparciales e independientes. Cada magistrado debe cumplir con su deber de imparcialidad en cada uno de los hechos y las situaciones jurídicas que se nos presenten y que forman parte de nuestras peticiones.

-¿Alguna organización política los dirige?

-Somos un grupo de profesionales que no tenemos ningún poder detrás de nosotros. Somos venezolanos que estamos haciendo esto con la mayor convicción democrática y la austeridad que esto representa.

-¿Cuáles son los delitos más graves del régimen de Nicolás Maduro?

– Nosotros no vamos a tratar exclusivamente delitos. Nuestro trabajo va a centrarse en el control de la Constitución porque para nosotros lo más importante es el regreso del Estado de derecho, la institucionalidad y la credibilidad de los poderes, principalmente del Poder Judicial. Queremos ofrecer a todo el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional una luz de esperanza de lo que debe ser el comportamiento de un Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en la línea de acción principal de controlar la Constitución y la defensa de la ley, en relación a DDHH, temas de lesa humanidad y temas que están dentro de la Convención de Delincuencia Organizada. También vamos a conocer de situaciones de derecho constitucional que nos presente la sociedad civil venezolana.

-¿Puede darnos un ejemplo?

-No puedo adelantar ninguna de esas peticiones porque sería incorrecto hacerlo y vamos a esperar después de la apertura oficial del 13 de octubre para que la comunidad nacional e internacional conozca nuestras primeras decisiones. Vamos a aprovechar la buena voluntad de varios países y de organizaciones que van a servir de receptáculo de denuncias y peticiones. También vamos a contar con una dirección telemática como ocurre en la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de DDHH o el Tribunal de DDHH de Estrasburgo, donde la gente hace sus peticiones vía internet y puede rendir sus probanzas por medio del correo-.

-¿Su sede será en la OEA?

-Nos han sido prestadas las instalaciones de la OEA por el secretario general y su grupo de embajadores para realizar nuestro acto de apertura y algunas sesiones. Pero haremos sesiones en otros países amigos. En Colombia haremos una sesión, posiblemente a finales de octubre o inicios de noviembre.

EL CAMINO AL EXILIO

-¿Cómo fue la salida de ustedes de Venezuela, después de que la AN los nombrara y el régimen les dictara auto de detención?

-Como somos 32, hubo uno que salió al día siguiente de que fue juramentado, otros esperaron entre una, dos o tres semanas. Otros se fueron a las sedes consulares. Algunos salieron por tierra, otros por mar.

-¿Fueron días muy difíciles en la clandestinidad?

-Yo me fui después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que fueron dos semanas o algo así viviendo en la clandestinidad. Fue una experiencia difícil para todos nosotros, pero no hemos sido los únicos que hemos vivido situaciones como esa. Hay alcaldes, gobernadores, diputados, venezolanos de la sociedad civil, profesores universitarios, que han vivido situaciones difíciles como las que hemos vivido los magistrados, con la diferencia en la historia republicana de Latinoamérica de que nunca habían sido perseguidos 33 integrantes de la alta corte de un país. Éstas son las cosas incorrectas y negativas que estos señores tienen en su haber y que en algún momento serán juzgados por eso cuando corresponda.

-¿Alguno de los magistrados aliados al régimen se ha comunicado con ustedes?

-Eso no te lo puedo decir

-Ha recibido amenazas en el exterior-.

-De mi parte no he recibido ninguna

-¿En Venezuela, de quién han recibido apoyo, algún sector de la Fuerza Armada los ha apoyado?

-Nosotros hemos tenido el apoyo institucional de la Asamblea Nacional que nos reconoce como magistrados legítimos y también de la sociedad civil, como las universidades, los colegios profesionales y otras organizaciones que hacen vida pública en Venezuela en materia de los temas sensibles en nuestro país.

 

Cortesía Diario Las Américas.