El mandatario intentó dialogar con los policías sublevados, pero los ánimos exaltados se lo impidieron: «Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política… Si quieren destruir la patria, destrúyanla, aquí está, pero este Presidente no dará ni un paso atrás», dijo Correa.
El gobernante denunció un intento de golpe de Estado y se declaró «prácticamente secuestrado» dentro de un hospital al que fue llevado tras resultar herido en una pierna recién operada y por inhalación de gases lacrimógenos.
Horas antes había anunciado la posibilidad de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias y presidenciales, medida que está contemplada en la Carta Magna ecuatoriana desde 2008 y que se conoce como «Muerte cruzada».
«Gran parte del territorio está sin vigilancia policial. En Guayaquil se han reportado saqueos de comercios y los bancos decidieron cerrar sus puertas a nivel nacional», dijo Martín Pallares, editor de Política del diario El Comercio.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que «de acuerdo a una evaluación preliminar» de la crisis hay un muerto y varios heridos. Ante la inestabilidad, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, declaró el Estado de Excepción por una semana.
«Lo fundamental aquí es que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no está para aventuras golpistas», señaló el ex presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, el oficialista Alberto Acosta, quien destacó el apoyo que ha recibido el mandatario de sectores que, pese a adversarlo, están en contra de la violencia.
Problema salarial
El veto presidencial a la Ley Orgánica del Servicio Público fue el detonante de la violencia.
«En el proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea no se incorporaba el tratamiento de la Policía Nacional, eso lo incorporó en el veto el presidente de la República, lo que de por sí ya constituía una violación constitucional», afirma Acosta.
El ex parlamentario y economista explica que «el veto presidencial es una posibilidad que tiene (según la Constitución) el Presidente ecuatoriano, pero no puede incorporar temas que no hayan sido discutidos en el pleno de la Asamblea», como lo son las regulaciones económicas que afectan a la Policía Nacional.
La nueva ley elimina los reconocimientos económicos que obtenían los policías y militares desde los 15 hasta los 38 años de servicio, y deroga la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios materiales, y trae consigo modificaciones en la seguridad social de los militares y en el pago de jubilaciones, que en un porcentaje podrían saldarse con bonos del Estado y no en efectivo.