“La fragilidad de la soberanía alimentaria, establecida en el artículo 305 de la Constitución, queda evidenciada al no haber inventarios de más de dos días. En el caso de la empresa privada, por el temor de ser catalogados de acaparadores y sancionados desde el punto de vista penal y pecuniario. Esto conlleva a que el venezolano esté consumiendo la producción del día, algo que consideramos de suma gravedad”, acotó.
León Parilli explicó que tuvieron acceso a todas las plantas procesadoras de maíz precocido recibiendo buen trato, “La información obtenida tanto en el sector privado como en el público fue muy diferente. En el primero, tuvimos acceso a guías de control y toda aquella información por nosotros solicitada con relación a la producción, mientras que en las industrias pertenecientes al Estado no fue posible obtener una información más allá de la que suministraron los empleados”.
“La contraloría social se dio más, en las empresas privadas que en las públicas”
El presidente de Anauco explicó que son estrictos los controles que efectúa el gobierno nacional sobre la producción de la empresa privada. “En todo momento el Estado tiene un conocimiento preciso sobre la ubicación de la mercancía, desde la planta hasta el destino final a través de una guía llamada SICA mientras que en las empresas públicas, estos controles no son aplicados con la misma severidad”.
“Otro aspecto importante que pudimos encontrar es que los productos hechos por el Estado no tienen marcaje de precios. Algo que consideramos negativo porque el consumidor tiene el derecho a estar informado del costo del producto y evitar posibles sobreprecios”, destacó.
Consideró que en el tema de las harinas precocidas no se puede hablar de monopolios “El 50 por ciento de la producción de harinas está en manos del gobierno, quien además controla las importaciones. Esto lo convierte en un jugador muy importante, pero además, debe cumplir con lo establecido en el artículo 112 de la Constitución que lo obliga a promover la participación privada y no opacarla”.
“Pudimos constatar que las plantas públicas tienen los mismos empleados y no hay mayor producción lo que significa que sólo hubo una sustitución de dueño. No se justifica la utilidad pública en las plantas expropiadas y por lo tanto no se cumple con el requisito de fondo exigido en la Constitución”.
Fueron visitadas las plantas de Polar en Turmero, Estado Aragua, Proarepa y Asoportuguesa en Acarigua, Estado Portuguesa, Planta de Alimentos Polar en Chivacoa y Empresa de propiedad social Bravo Cacique Yaracuy en Urachiche.
gm / Reporte360