“Portar a un arma no es un derecho no puede ser un derecho en el país, con esta ley será un privilegio”, dijo.
“Con la nueva Ley para Desarme está previsto que se sancione de 18 a 22 años de cárcel al funcionario, civil o militar que trafique con armas de fuego y municiones hacia los centros penitenciarios”, explicó Bernal.
“Como lo que está en juego es la preservación de la vida y la dignidad humana hay que ser extremadamente severos en la aplicación de la sanción”, expresó el también presidente de la Comisión Especial para el Desarme del Parlamento.
“Uno de los altos comercios del mundo moderno es el tráfico de drogas y el de armas, y de casualidad ambos están asociados”, puntualizó a la par que destacó las diferentes leyes creada por la AN en vías de combatir las mafias organizadas.