Siete barrios han crecido a la luz de la falta de planes

   A los cuatro primeros kilómetros de El Junquito llegaron en 2005 los
damnificados del estado Vargas que no recibieron viviendas tras la vaguada de
1999, y muchos más. Mientras, otros seis barrios crecieron en el municipio
Libertador, por una política de Estado que culminó con las invasiones de las
zonas protectoras y el crecimiento de áreas de alto riesgo, a causa de la
construcción improvisada de ranchos y viviendas de bloques.

«Lo que
estamos viviendo es justamente la antítesis de la planificación», resalta Zulma
Bolívar, urbanista y gerente de Gestión para la Ciudad de la Alcaldía
Metropolitana.

Bolívar recuerda que las invasiones en Caracas se
originaron justamente por la anarquía y una acción inducida por el Estado. «Se
realizaron ubicaciones atomizadas y sin criterio alguno. Ruedan la miseria de un
lado hacia otro y trasladan la esperanza de vivir adecuadamente con expectativas
de construcción de viviendas, que en suma no se han cumplido en la ciudad».

En el sector 5 del barrio El Bosque de Las Mayas, parroquia Coche, Ana
Jaime, vocera comunal, lleva ocho años esperando por una solución habitacional.
Ella construyó su rancho en el área protectora cercana a La Rinconada porque el
Estado le ofreció casa en cuatro oportunidades, sin éxito.

«En junio nos
informaron que 60% de las familias de El Bosque saldrían al complejo Acosta
Carlez del Km 7 de la carretera Panamericana. Luego redujeron la asignación de
casas a 40%. Finalmente, el Ministerio de Vivienda informó oficialmente que los
apartamento del complejo serían solo para damnificados», indica.

Eliú
Baudín, vocero comunal y vecino de El Bosque, precisa que en 169 viviendas de
zinc, bloques y bahareque residen decenas de venezolanos y extranjeros en
condiciones precarias y de alto riesgo. «El Ejecutivo no da respuesta rápida.
Son ocho años de bajo progreso».

Su vecina, Clara Pacheco, cuenta cinco
censos en ocho años. Hoy las paredes de su casa son parte del cerro.

Los
vecinos de Las Mayas protestaron el pasado 11 de abril en la autopista
Valle-Coche y nadie los atiende. Denuncian que la Misión Barrio Tricolor fue un
fracaso en Coche.

Al otro lado de la ciudad, desde el barrio San Rafael
hasta el kilómetro 4 de El Junquito, la zona protectora de la comunidad alberga
a más de 1.500 familias de Vargas y otros sectores que invadieron el área para
hacer «autoconstrucción».

Antonio Molina, vecino, afirma que las
invasiones se iniciaron en El Junquito, mientras gobernaba en 2005 el ex alcalde
de Libertador, Freddy Bernal. «En esa zona se dio luz verde a las invasiones, lo
que saturó la vialidad, los servicios de agua y electricidad y la inseguridad».

Otros sectores que crecieron por la falta de viviendas fueron la Cota
905, Blandín, Caricuao, barrio Federico Quiroz (Catia) y las áreas a las orillas
de la autopista Caracas-Guarenas.

Marta Rojas, vocera vecinal del sector
Colinas de El Pinar (Cota 905), señala que el Ministerio de Vivienda y Hábitat
les rechazó un proyecto propio para construir 16 edificios destinados a 300
familias que viven en 147 ranchos de tabla y zinc. «Policaracas nos decomisa
herramientas y cobra altas multas para devolverlas», dice.

Gerardo
Suárez y otros vecinos prefirieron levantar sus casas en la Cota 905 porque no
creen en las promesas del Gobierno desde hace seis años.

Bolívar propone
la construcción de casas en tierras urbanizadas y seguras. «Urbanizaciones de
desarrollo y consolidación progresivos. Eso tampoco se ha hecho».

La
experta cree que la ciudad se ha rebasado. «Hay barrios como Gramovén y Blandín,
entre otros, que deben ser reubicados», apunta.

La urbanista Zulma
Bolívar, entre tanto, opina que las invasiones afectaron los servicios de
Caracas. «Las redes de infraestructura y de servicios se calculan sobre la base
de la población».

Agrega que El Junquito y otras zonas se pueden
convertir en áreas residenciales donde se debe prever y ampliar la vialidad,
servicios, áreas de salud y recreación, y por último las obras de viviendas.
«Hay que cumplir la reglas porque el Estado es el primer infractor».