Sin el decreto, Maduro no podrá hacer un “corralito”

La AN plantea frenar los créditos de PDVSA, la emisión de dinero inorgánico y el financiamiento de equipos militares para priorizar la importación de artículos de primera necesidad. El diputado José Guerra afirma que los únicos impedimentos son el “corralito” y modificaciones presupuestarias

El decreto, desde su rechazo por la AN ya no tiene validez

El rechazo de la Asamblea Nacional al decreto de emergencia económica no ata las manos del Gobierno para efectuar los correctivos necesarios para subsanar la economía venezolana. El documento, a pesar de haber sido publicado en gaceta oficial ya perdió vigencia, pero, las leyes venezolanas promueven la actuación protagonista del Ejecutivo.

Al Gobierno le resta utilizar las facultades ordinarias que le otorgan la Constitución y otras leyes. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, explica que la Carta Magna está redactada de modo que el Ejecutivo Nacional sea el “centro de gravedad” de las decisiones económicas del país. Así tanto el presidente de la República, como su gabinete cuentan con herramientas y mecanismos “más que suficientes” para ejercer acciones que atiendan las circunstancias económicas que vive Venezuela.

José Guerra, presidente de la comisión que analizó el decreto, asegura que entre las 16 leyes que el presidente Nicolás Maduro firmó a última hora en diciembre, antes de vencerse su Ley Habilitante, se encuentran las legalizaciones a lo que dictaba el decreto de emergencia económica exceptuando la limitación de retiro de efectivo que se empezó a conocer como un posible “corralito” y la carencia de participación de la AN en materia presupuestaria. “Por eso no aprobamos el decreto, porque todo lo que está previsto en el decreto está en la habilitante”.

Elías Matta, vicepresidente de la misma comisión, explica que la mayoría de las decisiones económicas son ejecutivas. Hasta las temidas expropiaciones tienen cabida en la ley venezolana, a pesar de contar con un proceso que «no es tan sencillo como el oficialismo lo plantea». La Constitución establece que toda persona tiene derecho al uso de sus bienes y que solo por causa de utilidad pública o interés social, «mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación». La diferencia entre la legislación y el decreto reside en que en este último existía «una especie de camino abierto» para disponer del bien, explica el diputado.

Las propuestas

Guerra, a pesar de que expresó su disposición a colaborar con el Gobierno, no cede en lo que considera como medidas que impulsan “un modelo económico que fracasó y tiene que cambiar”. El Parlamento no enfocó su informe únicamente en la desaprobación del estado de excepción. Plantearon un conjunto de sugerencias para la modificación de políticas cambiarias, monetarias y fiscales.

Lo primordial, insiste el diputado, es el cese de la impresión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela: “Eso es lo que está llevando el descalabro de la economía venezolana”. Otras acciones referentes a la aceleración de trámites, obtención de divisas, de dar certidumbre sobre el destino de la asignación de recursos y la atención urgente a la problemática del agotamiento de líneas de créditos internacionales de la industria privada del país debido a deudas con proveedores internacionales, entre otras conforman el conjunto de propuestas del parlamento.

El sistema de misiones no queda atrás y el plan de la comisión plantea su continuidad y desarrollo. Formulan aplicar la legislación vigente para prestar atención especial a la crisis de abastecimiento de alimentos y otros bienes esenciales; y, en cuanto al ingreso de divisas, plantean que se maximice cobrando a precio internacional en divisas y no especies y sin otorgamiento de créditos el 100 por ciento del petróleo producido o comercializado por Petróleos de Venezuela.

Incluyen que la fijación de precios por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) deberá permitir cubrir los costos de producción y obtener un margen de rentabilidad razonable. Además, con el objetivo de racionalizar el gasto de divisas en sectores públicos no prioritarios, proponen suspender las compras en moneda extranjera de armamento y equipo militar. Esto en un escenario en el que los organismos públicos difundan información estadística y estados financieros.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis

El país si está en una emergencia que requiere ser atendida. Es obvio que el Gobierno usará políticamente el rechazo opositor al decreto para contaminarlos de culpabilidad en la crisis actual y futura. La oposición intentará justificar su acción en la mala calidad del decreto para resolver la crisis, necesidad de cambio y falta de información.

Empíricamente, el Gobierno podría ejecutar algunas acciones previstas en el decreto de facto o validadas por el TSJ, pero no validar el decreto. La parte más sensible del rechazo es la presupuestaria, pues cualquier modificación debe ser aprobada por la AN o sería corrupción.

Rechazar el decreto de emergencia pone a la oposición en la emergencia de comunicar por qué (con desbalance mediático) y proponer opciones.

Si la oposición concentra su acción en el aspecto político del rechazo y no es proactiva en la búsqueda de soluciones debilita su posición. La oposición tiene derecho y razones para rechazar el decreto. Pero eso no resuelve el tema central. El pueblo quiere solución no conflicto.

La posición inteligente (y necesaria) es q la oposición insista en su disposición a revisar propuestas y acordar acciones racionales de emergencia.

Desempeño económico vs. precios petroleros

Año Cálculo del barril Precio promedio Diferencial Inflación Escasez PIB

2013 55$ 98,08$ 43,08 $ 56,20% 22,20% 1,60%

2014 60$ 88,42$ 28,42$ 68,50% 29,4% (*) -2,30%

2015 60$ 44,65$ -15,35$ 141,5%(***)63% (**)-7,10% (***)

(*) Hasta marzo 2014

(**)Cifra de Jesús Casique

(***) Hasta septiembre de 2015, datos de BCV. Extraoficial es de 270 %.

fuente.lv