El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, lamentó este hecho y lo consideró «no solo una agresión contra la libertad de opinión, contra Zuloaga, sino también contra la SIP y contra el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse».
Zuloaga se disponía a viajar este jueves desde el aeropuerto internacional Josefa Camejo, en Punto Fijo, estado Falcón, cuando fue detenido y en estos momentos, según averiguaciones de la SIP, podría ser trasladado a Caracas para enfrentar un proceso judicial.
La investigación solicitada ayer por los parlamentarios venezolanos se basa en las declaraciones que Zuloaga emitió en la reciente reunión de medio año de la SIP, en Aruba, durante un debate público sobre el estado de la libertad de prensa en Venezuela, en el que también participaron simpatizantes del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami (EE.UU.), subrayó que la detención del empresario venezolano confirma «que estamos frente a un Gobierno que quiere penalizar la mera opinión, como un método de amedrentamiento para callar a la prensa y a la opinión».
«Por lo que tememos que Zuloaga, cuyo canal tiene 40 procesos judiciales y administrativos, corra la misma suerte que el opositor político y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, detenido el lunes pasado», advirtió.
La SIP también manifestó su preocupación por la medida en contra de Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia (noroeste), quien el 22 de marzo fue detenido y acusado por los supuestos delitos de «conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa».
Los cargos se interpusieron luego de que el opositor declarara en el programa Aló Ciudadano de Globovisión, sobre presuntos vínculos del Gobierno con el narcotráfico y el terrorismo.
Las denuncias contra Zuloaga y Álvarez Paz fueron presentadas al cuerpo legislativo venezolano por la Comisión de Ciencia Tecnología y Comunicación, presidida por el diputado oficialista Manuel Villalba, informó la SIP.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del periódico San Antonio Express-News, de Texas, Robert Rivard, dijo que «mientras la tendencia mundial y latinoamericana es hacia la derogación del delito de desacato, en Venezuela el Código Penal fue vigorizado para privilegiar, resguardar y mantener al margen del ojo público a sus más altos funcionarios».
El código, reformado parcialmente en 2005, aumentó las penas de prisión y castiga a quien ofenda, pública o privadamente, al presidente y a otros funcionarios del Gobierno, jueces y legisladores, de acuerdo con la SIP.
os / Reporte360