Siete países latinoamericanos se unieron a México para acudir a los tribunales en Estados Unidos y apoyar una demanda civil contra la nueva ley migratoria de Arizona.
La reunión de este jueves entre el presidente de EE.UU., Barack Obama, y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, no sirvió para que los partidarios y los contrarios a una reforma migratoria acercaran posiciones, afirmaron expertos consultados.
Más de 10 organizaciones estadounidenses de derechos civiles, sindicales y pro inmigrantes anunciaron el lunes haber interpuesto una demanda ante un tribunal de Phoenix, para objetar por anticonstitucional la ley que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló en un artículo publicado hoy en Chile que la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal está teniendo “un efecto aterrador entre la población hispana y en el resto de Estados Unidos”.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, afirmó hoy que la nueva ley que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona (EE.UU.) es incongruente con los derechos humanos, la globalización y la política de su colega de ese país, Barack Obama.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, le planteará al secretario de Estado adjunto de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela, quien visitará el país el próximo lunes, su “preocupación y rechazo”, por la Ley de Arizona, informaron hoy fuentes oficiales.
En el Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Guatemala ante este organismo, Jorge Skinner-Klee, dijo que la ley, suscrita el pasado viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, contiene medidas «ilegítimas» que alientan la «xenofobia» y «sujetan al inmigrante a un acoso permanente y le obligan a vivir en la clandestinidad».
El gobierno estadounidense estudia si la polémica ley antiinmigrantes de Arizona, que le genera «hondas preocupaciones», cumple con las garantías constitucionales, informó este martes la secretaría de Seguridad Interior, Janet Napolitano.