Los transportistas bolivianos aumentaron unilateralmente 100% las tarifas en pasajes de los buses, mientras la especulación encarece los precios de los alimentos y los trabajadores anunciaron protestas para que se revierta un incremento de 83% en la gasolina.
El transporte en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba -principales ciudades del país- tendía hacia una normalización paulatina tras una huelga el lunes, luego de la duplicación del precio de los pasasajes en la mayoría de los casos.
Fernado Llanos, director de la estatal Autoridad de Fiscalización del Transporte determinó un ajuste tarifario máximo del 30% para las tarifas de buses pero no se sabía aún si este límite sería respetado.
Mientras la huelga del transporte declinaba, el foco del conflicto parecía trasladarse a otros sectores sociales, como la junta de vecinos de La Paz que llamó a una marcha de protesta para el jueves.
“A partir de esta marcha van a realizarse una serie de manifestaciones de sectores gremiales, vecinales y de maestros. No vamos a dejar pasar este ‘gasolinazo’”, advirtió el dirigente cívico Facundo Hurtado.
Como una primera manifestación de malestar en la población, decenas de pobladores de El Alto (vecina a La Paz) cortaron en la mañana del martes un punto neurálgico de esa ciudad y demandaron la convocatoria a un referendo popular para revocar el mandato del presidente Evo Morales.
“La indignación es grande, hay muchas mujeres que están llorando porque tienen 4 hijos, 5 hijos y su economía está grave”, dijo a medios locales Fany Nina, presidenta de una de las dos federaciones de juntas vecinales de El Alto, una ciudad pobre con más de 800.000 habitantes, donde Morales cuenta regularmente con gran apoyo.
En los mercados de La Paz periodistas de la AFP pudieron comprobar alzas variables en los alimentos y protestas de amas de casas.
Las protestas se extendieron a otras regiones como Santa Cruz, donde la Central Obrera Departamental llamó a una reunión de emergencia para definir “acciones que frenen el gasolinazo”, según su dirigente Andrés Peñafiel.
El presidente Morales dijo en su defensa este martes ante indígenas de un poblado andino que “quienes dicen que hay que revertir ese decreto quieren decir que sigan regalando plata hacia afuera” por el contrabando de combustibles.
“Este año hemos gastado 600 millones de dólares (en la importación de diésel y gasolina) y para que cueste barato, subvencionamos con 380 millones de dólares, pero de esa subvención 150 millones se va afuera por contrabando”, señaló.
Explicó que hay dificultades en la producción interna de gasolina y diésel porque “el costo del barril de petróleo en Bolivia es de apenas 27 dólares y en el mundo es de 90 dólares”, por lo que “si invertimos como empresa del Estado para sacar petróleo del suelo, la inversión sería a pérdida”.
Las empresas petroleras “no quieren invertir porque pierden plata y ¿qué tengo que hacer como gobierno?: comprar y comprar diésel y gasolina de afuera”, dijo.
Por Raúl Burgoa
Con información de AFP