febrero de 2003 el Gobierno mantiene un estricto control sobre el precio de una
extensa gama de productos y servicios, no obstante, los costos en Venezuela
aumentan a la mayor velocidad de América Latina.
En ocho años de
controles de precios, entre febrero de 2003 y junio de 2011, la inflación
acumula un salto de 458% que ha mermado la capacidad de compra del salario
durante los últimos tres años.
El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de sanciones, multas y cierres a los empresarios que se consideraban especuladores.
Los economistas Robert Schuettinger y Eamon Butler son
los autores de un trabajo donde analizan cien casos, ocurridos desde dos mil
años antes de Cristo hasta 1978, en que gobernantes de treinta países intentan,
infructuosamente, librarse de la inflación a través de los controles de precios.
La conclusión de este celebrado estudio es que si bien algunos controles
de precios han tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el
largo plazo siempre han fracasado, porque no combaten la causa real de la
inflación: el incremento de la cantidad de dinero por encima de la
productividad.
En enero de 2008 el Presidente de la República, Hugo
Chávez, admitía el desconcierto en el discurso de rendición de cuentas
preguntando a sus ministros: ¿qué pasa con el precio del trigo?, aumenta el
precio de la leche, aumenta el precio del trigo, el aumento de precios de los
alimentos es espantoso. Sin la gasolina podemos vivir, pero sin alimentos no
podemos vivir».
Ante las evidencias de que el control no logra curar la
fiebre inflacionaria el Gobierno no se ha planteado un cambio de política sino
medidas represivas y ampliación del tamaño del Estado en la economía.
La
Asamblea Nacional ha aprobado leyes que permiten expropiar el negocio de un
comerciante que sea catalogado como especulador.
Al mismo tiempo, el
Gobierno se ha convertido en empresario y tras un agresivo plan de
expropiaciones controla la principal siderúrgica del país, las cementeras,
fincas y fábricas de todo tipo en una cruzada destinada a garantizar precios
justos.
El cambio de propiedad que ha experimentado el país deriva en
que entre 2007 y 2010 el PIB del sector público aumenta 18% mientras que el PIB
privado se reduce 5,8%.
Sin embargo la gestión del Estado, que no
privilegia la rentabilidad y carece de eficiencia, no ha servido para impulsar
la producción y el resultado es escasez de productos y servicios básicos.
Las estadísticas del Banco Central indican que si bien en el primer
trimestre de este año la producción de la industria manufacturera, tanto pública
como privada, aumenta 7,6% respecto al mismo lapso de 2010, permanece 2,5% por
debajo del nivel alcanzado en 2009 y es menor a la de 2008 y 2007.
El
arsenal oficial para tratar de frenar la inflación también ha incluido la
reconversión monetaria, es decir, el plan que le restó tres ceros al bolívar.
En 2006, Rodrigo Cabezas, para ese entonces presidente de la Comisión de
Finanzas de la Asamblea, lideró el proyecto de reconversión monetaria asegurando
que además de poner a circular los billetes y monedas del bolívar fuerte se
instrumentaría una política capaz de «cumplir la meta de que en 2008 tengamos
inflación de 3%».
Pero la realidad devalúa las metas. En 2010 Nelson
Merentes, presidente del Banco Central anunció que «vamos a cerrar este año con
una inflación menor de 30%, entre 28% y 29%, pero nos estamos preparando para ir
bajando escalones y en 2011 bajar un escalón de 9 o 10 puntos».
La
última oferta es que este año la inflación se ubicará en un rango entre 22% y
25%, y la promesa de un dígito, se posterga para después de 2012.