La Sala de lo Penal del alto tribunal español rechazó así el recurso de la Fiscalía, que consideraba que las grabaciones ordenadas por Garzón aportaron datos que fueron «claves» para la investigación del llamado «caso Gürtel».
Este caso de corrupción política implica a varios altos cargos de la principal fuerza de la oposición en España, el Partido Popular (PP).
Esta querella, por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, es la tercera que el Tribunal Supremo admite en los últimos meses contra Garzón, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y famoso internacionalmente por haber ordenado en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La querella fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por Ignacio Peláez, letrado del empresario José Luis Ulibarri, uno de los acusados en el «caso Gürtel».
El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo admitió que se personaran como acusaciones particulares el presunto cerebro de la trama de corrupción del «caso Gürtel», Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.
En el auto conocido, la Sala Segunda del Tribunal Supremo explica que la posibilidad de que el juez de la Audiencia nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones «no es totalmente descartable» en el momento actual e inicial del proceso.
Ello impide, dice el auto, el directo archivo de las actuaciones «sin perjuicio del que vaya a ser el resultado final» de las mismas.
No obstante, aclara que esto no significa tampoco «que ya pueda afirmarse la existencia de infracción alguna de relevancia penal», pues no toda irregularidad o decisión incorrecta de un juez supone un ilícito penal, ya que se necesita que concurran otros requisitos.
Las grabaciones del «caso Gürtel», que comenzó a investigar Garzón, fueron declaradas ilícitas el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que el juez, al ordenarlas, vulneró el derecho de defensa.
Además de esta querella, el Supremo tramita otras dos presentadas contra Garzón, la primera de ellas de Manos Limpias, Falange (una formación de extrema derecha ligada al franquismo) y Libertad e Identidad por declararse competente para investigar los crímenes cometidos por la dictadura del general Francisco Franco.
La otra querella acusa a Garzón de prevaricación y cohecho por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander y su presidente, Emilio Botín, después de que esta entidad financiara supuestamente unos cursos ofrecidos por el juez en la Universidad de Nueva York.
Garzón declaró este jueves ante el Tribunal Supremo que ni pidió ni percibió cantidad económica alguna del banco.
ig / Reporte360