Un total de 30 fiscales trabajan contra el retardo procesal

   Un total de 30 fiscales del Ministerio Público trabajan en todo el territorio nacional, para atender las demandas de quienes se encuentran privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios del país.

La información la dio a conocer la directora de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, quien visitó este martes 10 la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, mejor conocido como La Planta.

Destacó que el día en que arrancó el Plan en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental Uribana en Barquisimeto, se celebraron 18 audiencias preliminares con un total de 11 admisiones de hecho, «lo que representa un éxito para el Sistema de Justicia porque es un número significativo, y para quienes apostaban que dicha iniciativa no iba a tener éxito, estamos demostrando que el Estado venezolano trabaja de manera coordinada para lograr los objetivos que nos trazamos», dijo.

Ante la pregunta de si la celeridad procesal va influir sobre la tranquilidad penal en el país, la Directora de Derechos Fundamentales respondió afirmativamente, puesto que a través de este Plan se define el estatus jurídico de cada uno de los internos.

«No sólo va a representar tranquilidad para los privados de libertad, sino también para los familiares que pudieran estar pendiente del destino de su pariente, e inclusive, es una forma de acercarlos», agregó.

Asimismo, aclaró que los 31 centros de reclusión del país albergan una cifra estimada de 33 mil internos, por lo que el Ministerio Público realizó el estudio de cada una de las causas de los privados de libertad, con lo que se determinó cuál es la situación de los internos actualmente.

Precisó que el Plan de Celeridad Procesal responde a ese estudio realizado por el Ministerio Público, lo cual motivó que el Poder Judicial a través de los tribunales y Defensa Pública, se avocarán a atender el retardo procesal en los centros de reclusión con más casos.

Puntualizó que el Ministerio Público y demás entes encargados, se encargarán de expandir el Plan con el objetivo de dar respuesta a las personas privadas de libertad», explicó Berthé