El experto Prado considera que la crisis de inseguridad ciudadana, mediatización e ineficacia del sistema penal y carcelario, la corrupción y deterioro en los organismos de seguridad policiales, aunados a los problemas de miseria, pobreza creciente en los estratos más humildes de la sociedad, decaimiento de valores en niveles de mejor condición socioeconómica y la ausencia de voluntad y políticas de Estado correctivas, han hecho que internacionalmente Venezuela sea considerada como el país más peligroso de Latinoamérica.
Asimismo, reflexiona que la Secretaría de Seguridad del Zulia no tiene responsabilidad por los hechos de violencia registrados en el retén el Marite. Plantea la transferencia de los recintos penitenciarios a las gobernaciones, como lo estipula la Constitución, reseñó el Diario 2001.
Prado se refirió a la situación de hacinamiento existente en los tres retenes de la región (El Marite, Cabimas y Colón), destacando que los mismos no fueron concebidos como establecimientos para reclusión definitiva, como la Cárcel Nacional de Maracaibo (Sabaneta).
Llaman a las autoridades
En este sentido hizo un llamado a las autoridades “porque la Secretaria de Seguridad no tiene responsabilidad en el proceso penal, lo que tiene es una responsabilidad en la retención de la persona, pero en la retención de un establecimiento, que no puede pasar del momento en que el juez dicta la medida cautelar privativa”.
Seguidamente, cuestionó la voluntad política para corregir los problemas del sistema carcelario nacional, ya que desde la época de la colonia hasta la actualidad, los problemas siguen siendo los mismos: carencia de agua potable, de personal capacitado, inseguridad, infraestructura deficiente, y falta de servicios médicos.
Además, Prado destacó que en los centros penitenciarios la responsabilidad la tiene el Estado, que debe brindarle a los reclusos servicios de reeducación, asistencia jurídica, alimentación, orientación espiritual, prerrogativas que están establecidas en el artículo 172 de la Constitución.
Derechos del recluso
“El interno es un sujeto de Derecho y el Estado responderá por un sistema penitenciario que garantice los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”, refirió Prado.
Sobre el aumento de la cantidad de internos señaló que hay que evaluar si el Sistema Judicial Venezolano, está actuando en el tiempo que corresponde. “Al interno le interesan dos cosas; una que lo juzguen a tiempo para determinar si es culpable o es inocente, y si es culpable que exista una responsabilidad por parte del Estado en brindarle un servicio dignamente”, expresó.
Destacó que Venezuela ha sido señalada como el país más peligroso de Latinoamérica; el más peligroso en los tres primeros meses de 2010, cuando ya casi supera la cifra de fallecidos durante el año 2009. Agregó que esto se debe al alto índice de criminalidad existente dentro y fuera de los recintos penitenciarios, las fallas del sistema judicial venezolano y el constante retraso de los procesos mediante diferimientos. “En la actualidad hay internos que tienen hasta 20 años esperando a que se les haga una sentencia, violando así el debido proceso”, dijo.
Centro no apropiado
Por su parte, la comisaria Odalis Caldera también se refirió al estado de hacinamiento que se vive en los centros de detención preventiva adscritos al gobierno del Zulia, que en la actualidad se han convertido en cárceles de hecho, y que los mismos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para mantener recluidos a estos ciudadanos.
“Tenemos una población de mil 338 internos en el retén El Marite, y su capacidad es de 612. Insistimos, el retén El Marite y el de Cabimas están sobrepoblados, incluso se están comportando como centros penitenciarios sin serlo, sin tener la infraestructura, el personal multidisciplinario que se requiere para atender la población penal”, expresó Caldera.
Vale destacar que esta situación de aglomeración humana ha generado violencia, ocio, incluso hasta la comisión reiterada de muchos delitos, que suceden no sólo dentro de las instalaciones de los centros de detención preventiva, sino también extramuros porque son muchos los delitos que se planifican dentro de estos centros.
rs / Reporte360