Durante la sesión de este jueves adelantada por la OEA para discutir sobre la represión y las denuncias de casos de torturas en Venezuela, Francisco Márquez, director ejecutivo de Misión Democrática y ex preso político del gobierno, describió cómo fue aprehendido y las agresiones a las que fue sometido cuando estaba recluido.
Aseguró que su intención al estar en la reunión fue representar a todos los presos políticos que son torturados en Venezuela.
Márquez afirmó que fue apresado luego de que, en un viaje al estado Portuguesa para recolectar firmas en junio de 2016, la Guardia Nacional detuviera el auto en el que se trasladaba junto a Gabriel San Miguel, ambos activistas políticos de Voluntad Popular. Llevaban 50 panfletos que llamaban a liberación de Leopoldo López.
El hallazgo fue suficiente para ser detenidos e imposibilitados para llamar a un abogado.
Ante la negativa de ambos activistas para hablar, fueron enviados a Caracas con la promesa de los guardias de hacerlos hablar en la capital.
“Tienen suerte, les lanzaron un salvavidas. Mándales un saludo a David Smolansky”, fueron las palabras de uno de los funcionarios.
Márquez afirmó que permaneció cuatro meses preso. En ese periodo fue víctima de torturas tanto físicas como mentales y con un acceso limitado a abogados y familiares.
“Estuve en una mazmorra pútrida, donde habían zancudos constantes. Me dio dengue y la comida era limitada. Me afeitaron, me hicieron gritar la consigna ‘Chávez vive, la lucha sigue’, me desnudaban y tomaban videos. Hacían todo lo necesario para humillarte”, declaró Márquez.
Además dijo que el único responsable de la violación a los derechos humanos no es el régimen de Maduro, sino también los funcionarios del Sebin. Los nombres de Carlos Calderón, director de investigaciones del Sebin, y Rony González, comisario de alto nivel, fueron destacados por el activista. “Ambos funcionarios son conocidos por ordenar y participar en las torturas”, destacó.
«El que más tortura y reprime es premiado”, agregó.
Márquez aseveró que la única forma de salir en libertad es por una decisión política, no por un abogado con pruebas que evidencien la inocencia del detenido.