Un artículo escrito por Anatoly Kurmanaev y Maolis Castro para el portal The Wall Street Journal informa que en un hospital de la región occidental de este atribulado país, la crisis económica dio un giro sombrío en los últimos días: seis niños murieron porque no había suficientes medicamentos o respiradores que funcionaran.
En la capital, la crisis ha convertido la cotidiana en una odisea para casi el mundo. El gobierno ha racionado la electricidad en medio de de luz crónicos, para dejar los centros comerciales a oscuras. Las casas y apartamentos sufren regularmente por la escasez de .
Rosalba Castellano, de 74 años, pasó recientemente horas en lo que se ha convertido en una rutina desesperada para millones: aguardando en una larga fila para comprar cualquier alimento que esté disponible. Al final, salió con apenas dos litros de aceite de cocina.
“Esperaba comprar papel higiénico, arroz, pasta, pero no se consiguen”, dijo. Su única opción es encontrar esos artículos a mayor precio en el mercado negro. El gobierno, se quejó, “nos tiene sometidos a un sufrimiento salvaje”.
La Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición, declaró el jueves pasado una emergencia alimentaria, en un intento por llevar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a, entre otras cosas, flexibilizar los controles de precios que han creado escasez de todo, desde medicamentos hasta carne. “Se está dejando al pueblo sin la capacidad de alimentarse”, dijo el legislador Omar Barboza.
Se prevé que la inflación del país alcance este año 700%, la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. El año pasado, la economía se contrajo 10% y se espera que se reduzca otro 8% este año, de acuerdo con el FMI, el peor desempeño del mundo. Y no se ve una solución a la vista.
Los economistas dicen que el gobierno tiene que dar marcha atrás a décadas de políticas económicas que reconfiguraron de forma dramática la economía. El Estado asumió el control de cientos de compañías, estableció controles de precios y gastó grandes cantidades de dinero público, llevando la brecha presupuestaria a cerca de 20% de la producción económica anual.
Pese a la profundización de la crisis, ha habido pocas señales de cambio de un gobierno que atribuye los problemas del país a una “guerra económica” librada por enemigos, incluyendo empresas privadas y el gobierno estadounidense. Llamadas a varios ministerios y agencias del gobierno en busca de comentarios no fueron respondidas.
La semana pasada, legisladores aliados del gobierno dijeron que la escasez de alimentos era culpa de empresas privadas que acaparaban productos para tratar de desestabilizar a Maduro. Esa misma noche, el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó al presidente poderes especiales que le permiten tener control directo sobre el presupuesto y un mayor margen para intervenir en empresas privadas. Los legisladores de la oposición dicen que las dos medidas apuntan a evitar que la Asamblea Nacional trate de limitar la intervención del gobierno en la economía.