Su colega venezolano, Roy Chaderton, transmitió su «solidaridad con los inmigrantes en EE.UU. y con los latinos» en especial.
Por su parte, el representante ecuatoriano, Francisco Proaño, se expresó con términos similares al asegurar que la ley «alimenta la xenofobia y la discriminación».
También «podría alimentar más actos de violencia contra inmigrantes», recalcó el embajador.
Explicó que el Gobierno del presidente Rafael Correa abrirá en los próximos días en Phoenix un consulado para proteger a los ecuatorianos que residen en el estado de Arizona y planteará además las repercusiones de esta ley en la comunidad de inmigrantes y las quejas ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo cuya presidencia temporal está en manos de Quito.
Proaño dijo que con esta protesta ante el Consejo Permanente se suma a las expresiones de preocupación manifestadas en los últimos días por el propio presidente de EE.UU., Barack Obama, organizaciones pro inmigrantes y defensores de los derechos civiles y humanos y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Obama afirmó el pasado día 27 que la ley está «mal concebida» y puede causar que estadounidenses de origen hispano se vean acosados por la Policía sin necesidad.
El mandatario prometió presionar en favor de una reforma migratoria exhaustiva para que no se registre «el tipo de mala legislación» que se ve «en Arizona o, el otro extremo, medio millón de ilegales entrar en Arizona sin ningún tipo de control».
El secretario general de la OEA, por su parte, consideró el día 26 la ley de «discriminatoria contra los inmigrantes», y en particular contra la población latina que vive en este país.
En la misma línea se expresó hoy en el Consejo, donde recalcó que EE.UU. tiene una rica tradición de inmigración. Estados Unidos y esa herencia han sufrido un «daño, un menoscabo» con la aprobación de la ley, que fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, y que entrará en vigor en tres meses.
La normativa convierte la inmigración ilegal en un delito estatal y autoriza a la Policía a exigir documentos de residencia a cualquier persona de la que sospeche que esté indocumentada.
Quienes no puedan comprobar su residencia legal estarán sujetos a hasta seis meses de prisión y una multa de 2.500 dólares.
Se calcula que en Arizona residen cerca de 460.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano.
Según Insulza, el 30 por ciento de la población de Arizona es latina, por lo que esa comunidad se verá especialmente afectada por la ley.
«Es doloroso y difícil para todos», señaló, al tiempo que saludó de nuevo la reacción del Gobierno del presidente Obama y prometió que la OEA dará seguimiento a esta ley y a su implementación.
«Nos vamos a esforzar para actuar en esto con la mayor unidad» posible, subrayó.
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó que el Gobierno está evaluando la implicación de la ley de Arizona, especialmente si se entromete en las competencias federales en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
México ha sido uno de los países que más se ha quejado por la ley e incluso ha emitido una alerta de viaje para Arizona.
«Claramente tiene un impacto, más específicamente en México, pero también en otros lugares. Somos conscientes del hecho de que el Gobierno de México ha emitido una alerta de viaje para sus ciudadanos», señaló.
En este sentido, reiteró los esfuerzos del Gobierno para impulsar una reforma migratoria «cuando antes».
nh / Reporte360