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«Beneficios a presos se deben dar siempre y no para aplacar crisis»

Una política represiva sustentada en la mala aplicación de la Ley. Ese es el origen de la actual crisis carcelaria, a juicio de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León, quien criticó que el Ministerio Público trate de poner tras las rejas a todos los sospechosos de cometer un delito y que los jueces avalen, sin chistar, esas pretensiones.

«El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), además de la prisión, establece otras sanciones que dependen de la gravedad del delito. Sin embargo, los fiscales se niegan a solicitar esas medidas sustitutivas a la privación de la libertad y en la mayoría de los casos piden encarcelar a los imputados y los jueces no se atreven a contradecir esas solicitudes», afirmó, al tiempo que agregó: «Solamente cuando ocurren situaciones como las vividas en El Rodeo se habla de aplicar los llamados beneficios procesales, lo cual es cuestionable, pues ellos deben acordarse siempre que los imputados o procesados cumplan los requisitos para disfrutarlos y no como arma para aplacar una crisis».

Consultada sobre el plan que su colega, la presidenta de la Sala Penal, magistrada Ninoska Queipo, anunció para otorgar beneficios a reos, Mármol replicó: «Lo desconozco. Eso no ha sido discutido en la Sala». No obstante, mostró sus reservas ante este tipo de iniciativas.

«En la mayoría de los casos se nombran jueces itinerantes de dudosa legalidad y se comienzan a revisar de manera precipitada expedientes y pueden cometerse errores y dejar en libertad a personas que pudieran reincidir», alertó.

Interrogada sobre los motivos por los cuales los jueces no otorgan más medidas cautelares (régimen de presentación, prohibición de salida del país, etc), la magistrada respondió: «Por temor a ser destituidos e incluso detenidos».

La afirmación de Mármol fue en clara alusión al caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de ser enjuiciada por dejar en libertad condicional a un banquero que tenía más de dos años en la cárcel sin haber sido enjuiciado.

«Si uno revisa las decisiones disciplinarias que se han adoptado contra jueces en los últimos años no va a conseguir ninguna contra un juez que dejó a alguien en prisión sin necesidad, pues todas son contra quienes concedieron libertades», dijo, al tiempo que se preguntó: «¿Cuál es el riesgo que representa para la sociedad un bígamo, alguien que cometió una estafa o una lesión? ¿Tienen ellos una peligrosidad tal que amerita que estén en un penal?»

Para Mármol la política de la Fiscalía y del Poder Judicial lo que busca es «exhibir como logros en la lucha contra el crimen el número de personas presas».

Seguidamente aseguró que la crisis carcelaria comenzará a resolverse el día que el Gobierno asuma su responsabilidad y mejore las condiciones de los penales, clasifique a los internos, les garantice la comida y rote a los guardias nacionales que los custodian para evitar que conformen mafias.

TSJ salva su responsabilidad

La presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, también se refirió a la situación de El Rodeo y en entrevista a Unión Radio negó que la misma sea producto de la «desidia» del Poder Judicial.

«Nuestros jueces trabajan y trabajan mucho, y se dedican realmente a la realización de las audiencias y la atención del justiciable, pero necesitamos también mayor número para ser más efectivos», afirmó.

Esta no es la primera vez que Morales atribuye el retardo judicial a la falta de jueces penales. Sin embargo, como en ocasiones anteriores no ha explicado por qué en los cinco años que tiene al frente del máximo juzgado no se ha abierto ningún despacho penal y si de otras competencias como la agraria o de niños y adolescentes.