Aprobada la Ley de Telecomunicaciones: el sector ya es un “servicio público”

   El Parlamento venezolano aprobó la noche del lunes una reforma a la ley de telecomunicaciones, en la que se declara al sector como un “servicio público” -dándole mayor presencia y control al Estado-, reduce los lapsos de concesiones y limita la inversión extranjera.

En la ley, aprobada en segunda y definitiva lectura, “se declaran como servicio publico el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión”, que otorga el Estado.

15 años de concesión y reversión de bienes

Asimismo, en caso de “extinción” de una concesión, el Estado “podrá proceder a la reversión de los bienes afectados al servicio”, es decir a su adquisición para garantizar la prestación del servicio.

El Estado venezolano, que siempre ha tenido el control total del espectro radioeléctrico, podrá ahora entregar concesiones hasta por 15 años, renovables. Antes de la reforma, el plazo máximo era de 25 años.

En la ley se establece ahora que estos permisos son “personalísimos” y no “podrán cederse o enajenarse, ni adquirir o transmitirse por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.

Prohibición de la inversión extranjera

Además, “no se permite la inversión extranjera para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias sin fines de lucro y producción nacional audiovisual”, según reza el texto.

En la ley de Telecomunicaciones fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a Internet. En Venezuela, con una población de casi 29 millones, hay más de 7 millones de habitantes con acceso a la red.

La ley fue aprobada en menos de una semana por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, reunida de manera permanente para debatir con urgencia este y otros documentos, antes de que finalice su periodo el próximo 5 de enero.