Unas 150.000 familias, en su gran mayoría de clase media, han sido estafadas en los últimos años por empresarios inescrupulosos de la construcción, quienes han cargado ilegalmente a los precios de venta de las viviendas pagos extras referidos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las comisiones permanentes de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, y de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional acordaron impulsar la elaboración del informe final para la segunda discusión del Proyecto de Ley de Preventa de Viviendas en Proceso de Construcción o aún no Construidas, que entre otros objetivos reforzará la lucha contra el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC).