DPA: Morales evita decisiones claves al inaugurar su sexto año en el poder

   El presidente de Bolivia, Evo Morales (d), festeja junto a una mujer indígena hoy, sábado 22 de enero de 2011, luego de dar su informe de gestión a los movimientos sociales, con motivo de los actos de celebración de los cinco años de la Presidencia. Durante su informe Morales pidió a los movimientos sociales, autoridades regionales y sociedad civil a terminar con las “broncas” internas, para que el país pueda pasar a la industrialización de sus recursos naturales. EFE/Agencia Boliviana de Información

La Paz, 24 ene (dpa) – Desde que el presidente boliviano, Evo Morales, juró por primera vez al cargo, el 22 enero de 2006, cada fecha festiva, conmemorativa y cívica estuvo marcada por la presentación de alguna nueva medida económica, política y social.

Pero esta vez, al inicio del sexto año en el poder, el mandatario evitó estos anuncios, a la espera de “definiciones colectivas”.

Esta inédita omisión se produce en momentos en los que el gobierno de Morales debe resolver una crónica escasez de alimentos, especialmente de azúcar, además de la problemática derivada de la subvención de carburantes, política que, al término de este año, puede demandar una pérdida mayor a los 1.000 millones de dólares (unos 735 millones de euros).

Un primer intento de superar estas cifras en rojo se dio el 26 de diciembre de 2010, cuando el gobierno anunció la anulación de esta subvención, especialmente para la gasolina y el diesel. La medida, que disparó el precio de los carburantes hasta un 83 por ciento, provocó una ola de protestas que forzó al gobierno a retirar este ajuste, calificado de “gasolinazo”.

Sin embargo, una de las aristas más complejas de esta problemática tiene que ver con el contrabando de víveres y combustibles, especialmente por los pasos fronterizos que vinculan a Bolivia con el Perú. En 2010, el contrabando de combustibles provocó pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, sin contar los 380 millones correspondientes a la subvención.

En el mensaje que Evo Morales entregó a la Asamblea Legislativa, se propuso una “cumbre social” para que sean las organizaciones sindicales que respaldan su gobierno las que definan la forma en la que se deba levantar la subvención y la “nivelación” de precios respecto al mercado internacional. Para frenar el contrabando propuso una ley “draconiana”, cuyos detalles aún se desconocen.

En Bolivia, el diesel y la gasolina cuestan como si el barril de petróleo se cotizara en 27 dólares, cuando el precio internacional roza los 100 dólares, con tendencia ascendente. En ese marco, las empresas petroleras, asociadas al Estado boliviano a través de YPFB, no han hecho las inversiones necesarias para garantizar la cantidad de carburantes que demanda el mercado interno, lo que ha tenido como consecuencia la importación de mayores volúmenes de combustibles.

Para analistas como el sociólogo Franco Gamboa, el presidente Morales aún no tiene claro cómo enfrentar esta problemática. Según el experto, esta indecisión ha generado malestar en la población, porque los precios de la canasta básica y transporte se han incrementado, a pesar de los intentos del gobierno de estabilizarlos.

El empresario y jefe de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, opinó que el gobierno debe “dar certidumbre, si se quiere volver a la normalidad económica”. Consideró que “si hay claridad sobre las políticas económicas de futuro, si es que no va haber más sorpresas como el ‘gasolinazo’, los precios van a calmarse de manera mucho más rápida”.

Al ser ratificado por quinta vez por el presidente, el canciller David Choquehuanca reconoció las dificultades que tiene que resolver el gobierno y demandó mayor unidad de todos los sectores sociales y políticos del país. “Podemos equivocarnos, cometer errores, pero jamás vamos a traicionar a nuestro pueblo”, puntualizó.

En todo caso, Morales inició su sexto año en el poder, después de haber ratificado a 17 de sus 20 ministros, en medio de varias observaciones de las organizaciones sociales y sindicatos, que también expresaron su preocupación por la necesidad de resolver los problemas económicos.

La decisión de ratificar a la mayoría de sus ministros puede ser interpretada como la premura del gobierno para recuperar credibilidad y autoridad ante la sociedad, tras el fallido “gasolinazo”.

Por: Mauricio Quiroz