Ejecutivo admite trabas para mejorar los sueldos públicos

    La bonanza petrolera pasó y la escasez de recursos se siente en las instancias públicas. Juan Carlos Loyo, ministro de Agricultura y Tierras (MAT), reconoció las dificultades que enfrenta el Gobierno para honrar los compromisos con los empleados públicos.

«En todos los ministerios en este momento tenemos serias dificultades con el tema acerca de las reivindicaciones salariales. ¿Por qué? Para nadie es un secreto la crisis que hemos tenido producto de la crisis de las economías capitalistas en toda Europa y en el resto del mundo», dijo el también presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTIi) en una reunión con trabajadores de ese organismo.

En el encuentro, celebrado el pasado miércoles, el funcionario calificó como «desviaciones ideológicas» a quienes apelan al argumento de la subida en el precio del petróleo para reclamar una mejor remuneración.

«Eso que estemos diciendo que el barril está a tal precio (… ) cuidado compañeros porque eso son desviaciones ideológicas. Sí, el barril tiene 70 dólares, pero gracias a esos 60 dólares es que se están sosteniendo los programas sociales que lleva a cabo esta revolución, programas sociales, además que alcanzan a muchas más personas de las que trabajamos y de las que por lo menos tenemos un sueldo en la administración pública».

Precisamente, los trabajadores del INTI le reclamaban a Loyo mejoras en sus condiciones salariales. Aunque, reconoció que los empleados del INTI tenían cinco años sin percibir un aumento, insistió en las dificultades que atraviesa el Ejecutivo. «Vamos a discutir y con lo que tengamos aprobado vemos hasta donde avanzamos y si requerimos más planteamos los posibles escenarios para solicitar al Ejecutivo».

Sin embargo, fue tajante al afirmar que no discutirá bonos de productividad ni el beneficio de las horas extras. «Usted sabe que yo no creo en los bonos (…) De una vez les voy a decir algo de una de las reivindicaciones que yo no voy a discutir: el tema de las horas extras. Bueno, miren compañeros, yo sería millonario».

Los empleados y autoridades del INTI se reunirán hoy nuevamente para tratar las posibles mejoras económicas.

Visión socialista

En el año 2009 el Gobierno nacional fijó las directrices de las políticas laborales basadas en la transición hacia el socialismo. Una de las más importantes es la definición del salario social en el sector público que pasa por la revisión, congelación, transformación o eliminación de los conceptos remunerativos para avanzar hacia la igualdad de los beneficios entre los trabajadores.

Desde entonces, a través de la Comisión Presidencial de Política Laboral para el Sector Público, que se creó en diciembre del año pasado, se ha cumplido una de las metas del Ejecutivo de que «los contratos colectivos deben ser instrumentos para la construcción del socialismo», como señala la minuta de una reunión que el año pasado sostuvieron representantes del alto Gobierno.

La instancia presidencial autorizó un cronograma que define en qué momento será aprobado cada contrato colectivo de la administración pública.

En esa situación se insertan las organizaciones sindicales, que en los últimos años han perdido fuerza tras múltiples divisiones. La Unión Nacional de Trabajadores (que no llegó a consolidarse), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (que se diluyó tras el paro petrolero) y el Frente Socialista de Trabajadores (brazo sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela) no ha logrado amalgamar al movimiento de trabajadores.

En contraposición, se han creado alianzas sindicales, como el frente de trabajadores creado este fin de semana para combatir las expropiaciones, conformado en su mayoría por dirigentes oficialistas críticos.