Gobierno fomenta transferencia de funcionarios de la PM a las cárceles

   El Ministerio de Relaciones Interiores impulsa desde la semana antepasada la transferencia de funcionarios de la Policía Metropolitana a la Dirección de Servicios Penitenciarios.

Las listas de agentes elegibles son colocadas en las áreas comunes de la Comandancia General de la PM en Cotiza. Allí se indica que deben acudir a una entrevista en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Catia.

«Cuando llenas el examen y estás terminando de hacer la entrevista te preguntan en voz baja si quieres ir a cuidar presos», explicó una funcionaria.

El punto de cuenta presentado al Presidente por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, indica que están abiertas 300 plazas para que los antiguos PM sean jefes de seguridad y custodios asistenciales en cualquiera de las 32 cárceles venezolanas.

También están vacantes para los ex funcionarios 800 cargos como oficial de cumplimiento del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, otros 400 para desempeñarse como vigilantes o conductores en el Saime, y 100 para la dirección de seguridad interna en las sedes de la UNES. En total son 1.600 cargos para 4.850 uniformados que saldrán de la institución.

Los metropolitanos entrevistados para este trabajo (16 en total) coincidieron en su rechazo a la posibilidad de que los asignen a la custodia de las cárceles.

«Eso es muy delicado. Yo fui funcionario administrativo de la Dirección de Prisiones.

El que comete un delito y está preso siempre lo verá a uno con rabia», dijo un sargento.

Un inspector advirtió sobre los peligros que correrán en los recintos penitenciarios: «Quieren que uno socialice con el delincuente, y lo que harán es matarlo a uno».

Dos efectivos expresaron sus temores, pues en un ambiente conflictivo como el carcelario, el Gobierno podría endilgarles la culpa de motines y corruptelas.

La idea tampoco es bien vista por las ONG que se ocupan de la materia. El director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto, señaló que con esa improvisación contribuirán a la formación y consolidación de mafias carcelarias. «Son agentes que no pasaron a la Policía Nacional. Mandarán a las cárceles a gente que ellos mismos descalificaron. Con estos PM convertidos en custodios todo seguirá igual», afirmó.

Futuro incierto. El 28 de marzo, Chávez aprobó el pago de 729,1 millones de bolívares para la liquidación de todo el personal de la PM. Pero no está clara la disponibilidad presupuestaria.

El MIJ sólo tiene en caja 263,7 millones. Otros 96 millones saldrán del Fondo de Registros y Notarías. Restan entonces 369,5 millones de bolívares.

En la reunión de Gabinete se decidió que deberá solicitarse un crédito adicional por esa cantidad. Una primera parte, de 200 millones de bolívares será desembolsada este mes, y el resto en junio. Las rectificaciones presupuestarias estarán a cargo del ministro de Planificación Jorge Giordani.

Remanente. En la PM quedan 6.216 funcionarios, según el censo hecho por el MIJ. De ellos, 4.850 son agentes y el resto, empleados administrativos, obreros, docentes y personal médico.

El viceministro del Sistema Coordinado de Policía, Edgar Barrientos, dijo que ya no está planteado que los suboficiales y agentes rasos puedan optar a la Policía Nacional. Sólo lo hará un grupo de comisarios, tanto de la PM como de Tránsito Terrestre.

Barrientos es un comisario jubilado de la PM, que preside la Junta Liquidadora de la institución. Cuando compareció ante la Comisión de Política Interior del Parlamento, reveló que 10% de los agentes que permanecen en la policía padecen algún trastorno psicológico.

Pero la cifra es mayor. En los exámenes psicológicos hechos durante la selección para conformar las primeras 4 cohortes de la Policía Nacional, 549 agentes reprobaron por tener «daños cerebrales orgánicos».

En otros 544 casos también se detectaron trastornos. Ninguno de ellos podrá optar a cargos en el MIJ.

Estos son los sargentos, cabos y distinguidos que están distribuidos entre 53 refugios para damnificados, 37 embajadas y en «servicio interno» de los puestos y comisarías que aún no han sido transferidos a otros cuerpos de seguridad.

Muchos de ellos se limitan a cumplir un horario. Usan su tradicional uniforme, pero ya no patrullan ni reciben denuncias. Se limitan a esperar el día de su jubilación.

«Es denigrante el trato que nos han dado. Yo lo que quiero es que salga mi nombre en la lista para cobrar e irme», dijo un sargento primero.