El Banco Central de Venezuela y el Ministerio de la Vivienda ajustaron las tasas de interés para la adquisición de viviendas, construcción y autoconstrucción según Gaceta Oficial N° 39.751del pasado 6 de septiembre.
La nueva normativa redujo los intereses y facilita la adquisición de viviendas a través de la banca privada y permite que familias con ingresos cercanos a los BsF 7.000 obtengan un crédito con intereses 54% más bajos.
Anteriormente, existían cinco escalas, mientras que ahora se especifican tres nuevos niveles de tasas e ingresos que son aplicables a créditos vigentes y nuevos por igual.
A partir de este mes, 4,66% será el interés para grupos familiares cuyos ingresos sean menores o iguales a cuatro salarios mínimos (6.192), 6,91% para quienes tienen ingresos entre cuatro y seis salarios mínimos (9.288) y 9,16% para los que tengan ingresos entre seis y ocho (12.384).
El tope de interés quedó estipulado en 11,42%, pero no específica el límite de salarios como en la norma de 2009, donde el máximo era BsF 16.650.
El interés para la construcción de viviendas con recursos propios de las instituciones bancarias no sufrió reformas y quedó igualmente en 10,5%.
Voceros de la banca explican que la resolución se encuentra en revisión para determinar quiénes recibirán el interés máximo, debido a las lagunas de la normativa.
El especialista en banca y negocios César Aristimuño explicó que «la reforma no es lo más adecuada, ni lo más conveniente en el actual momento que vive el país. Favorece a unos y desmejora a otros, por lo que no crece el país, ni crea estabilidad».
Advierte que en el mercado no hay la suficiente cantidad de viviendas que se requieren y que la reforma puede generar una oleada de solicitudes de crédito y, «aun cuando los intereses sean bajos, no habrá dónde comprar».
Aristimuño sostiene que para superar la crisis habitacional el Gobierno debe trabajar en coordinación con el sector privado y no disminuir la rentabilidad de la banca, colocándola en una situación de búsqueda de mejores beneficios.
La profesora y economista María Inés Fernández aplaudió que el Gobierno haya facilitado el acceso a los créditos hipotecarios a las familias de clase media.
Comentó que anteriormente este grupo había quedado excluido y que sólo cuando se creó la Ley Especial del Deudor Hipotecario algunas familias pudieron adquirir un inmueble.
La Ley del Deudor dinamizó entonces el sistema y creó beneficios como la tasa de interés social, la cesión de subsidio a las familias de bajos ingresos económicos y las cuotas mensuales que no exceden 20% de los ingresos del beneficiario, para potenciar los atractivos de comprar.
La nueva norma forma parte de un grupo de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reactivar el sector. En el mes de mayo, se dictaron condiciones para la cartera obligatoria que obligó a pasar de 10 a 12% la inversión para la construcción de viviendas, 35% para la adquisición de vivienda principal, 7,5% para mejoras, reparaciones o ampliaciones de vivienda principal y 7,5% para autoconstrucción.
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