Oposición rechazó Ley de Consejo Federal de Gobierno

   Gobernadores y dirigentes de oposición en Venezuela protestaron la aprobación de esta nueva ley que transfiere parte de sus competencias a organizaciones comunales y alertaron que su promulgación «centraliza» el poder en el presidente Hugo Chávez.

La ley del Consejo Federal de Gobierno, promulgada por el mandatario el sábado en un acto oficial, persigue «el desarrollo integral de las regiones y el fortalecimiento del Poder Popular en aras de facilitar la transición hacia el socialismo», a través de la «transferencia de competencias» a organizaciones comunales.

 El instrumento permite al presidente decretar la creación de «distritos de desarrollo», que pueden abarcar varios estados del país, para ejecutar proyectos económicos y sociales.

 Detractores al gobierno de Chávez, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, consideran que esta norma representa un «golpe mortal» a la descentralización y es una «manera de avanzar en la concentración del poder en una sola mano».

 Según Ledezma, quien perdió casi la totalidad de sus atribuciones que pasaron a una nueva figura de gobierno, Chávez «da golpes a esquemas que se venían impulsando en Venezuela» desde 1989, cuando se instauró un proceso descentralizador, en el que se transfirieron a las gobernaciones y alcaldías muchas de las competencias que entonces controlaba el Ejecutivo.

El gobernador del estado Táchira, Cesar Pérez Vivas, indicó que el objetivo de la Ley de Federal de Gobierno es tratar de dejar todo el poder en Caracas, y dejar a los estados del interior sin dinero para la inversión.

 «A partir de enero del próximo año, las alcaldías y las gobernaciones se convertirán en oficinas de pago de la nómina de empleados y más nada. No habrá recursos para tomar ninguna iniciativa, para desarrollar ninguna obra» indicó Pérez Vivas.

 «Pudiéramos estar en el preámbulo de eliminar la elección directa de gobernadores y alcaldes», alertó por su parte Henrique Salas, gobernador del estado de Carabobo (norte).

 «Desconocemos el contenido total de esta ley», dijo Henrique Capriles, gobernador de Miranda, quien advirtió que su entrada en vigencia tiene «un impacto brutal» en la asignación de recursos.

 Las gobernaciones y alcaldías reciben del Ejecutivo una partida por «situado constitucional», equivalente al 20% de los ingresos nacionales ordinarios.

 En 2009, los gobiernos locales perdieron la administración de las carreteras, puertos y aeropuertos de sus estados en virtud de una ley que otorgó el control a la administración central.

 La oposición ganó cinco de 22 gobernaciones venezolanos, así como la alcaldía de Caracas, en las elecciones regionales de noviembre de 2008.