Piedad Córdoba denunció ante la Fiscalía colombiana por presunta prevaricación al Procurador General, Alejandro Ordóñez

   La senadora opositora Piedad Córdoba denunció ante la Fiscalía colombiana por presunta prevaricación al Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien formuló cargos contra ella por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC y actos de «traición a la patria».

La mediadora ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sostiene que los cargos que le imputa la Procuraduría se sustentan en «supuestas pruebas obtenidas ilícitamente» de los ordenadores y otros dispositivos electrónicos decomisados en la operación militar en la que murió el portavoz internacional de la guerrilla, «Raúl Reyes», en 2008.

La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia presentó en abril pasado cargos contra Córdoba por sus presuntos vínculos con las FARC y por supuestos actos de «traición a la patria».

Esa entidad se basó para formular los cargos en un «sinnúmero» de documentos hallados en los computadores de «Raúl Reyes», muerto junto con otras 25 personas el 1 de marzo de 2008 en el bombardeo militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.

La denuncia de Córdoba señala que las supuestas pruebas en su contra son ilícitas, porque ese operativo militar «se realizó en un país extranjero, en el cual ninguna autoridad colombiana tiene competencia para recoger pruebas sin ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley y en los convenios internacionales».

Según la ley colombiana, «las pruebas obtenidas sin ceñirse a dichos procedimientos son inexistentes y por eso no pueden servir como base para adelantar proceso alguno», agrega el comunicado de la senadora.

La «obligación» de excluir las pruebas obtenidas ilegalmente es suficientemente conocida por el procurador, por lo que se puede «deducir que actuó con dolo al iniciar la acción disciplinaria» contra Córdoba, prosigue la nota.

La legisladora, del Partido Liberal, presentó otra denuncia disciplinaria contra Ordóñez ante la Corte Suprema basada en que «la comisión de una conducta constitutiva de delito deberá ser igualmente investigada como falta disciplinaria».
 

dd / Reporte360