Proponen que los ciudadanos usen las milicias bolivarianas para castigar “de manera directa” al presunto especulador

   Primer paso: un grupo de vecinos revisa un abasto y concluye que allí especulan. Segundo paso: llevan la denuncia al indexabais, pero ese organismo no responde al reclamo. Tercer paso: el grupo de vecinos podrá buscar el apoyo de la Policía Nacional, la Guardia Nacional o las milicias bolivarianas para castigar “de manera directa” al presunto especulador.

La fórmula está contenida en el borrador del proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, que actualmente discute la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

El artículo 16 del texto establece: “en caso de omisión, inhibición o contumacia del órgano administrativo legalmente facultado para imponer las sanciones derivadas de la acción de la Contraloría Social (…) el Poder Popular podrá actuar de manera directa con el acompañamiento de la PNB, GN o las milicias bolivarianas ejecutando sus decisiones”.

El anteproyecto, que consta de 31 disposiciones, señala que “el ejercicio de la Contraloría Social es un derecho y deber político constitucional de todos los ciudadanos”. Bajo esta lupa estarán “todas las actividades públicas y privadas relacionadas con el bien común”.

Entre sus atribuciones incluyen vigilar “las relaciones sociales de propiedad, producción, distribución, intercambio y consumo, así como las laborales”. En el caso de que un trabajador supervise las acciones de su empresa, disfrutará de inamovilidad laboral.

“Los contralores sociales gozarán de protección especial del Estado”, estipulan. Igualmente, afirman que estas personas “no podrán ser objeto de imposición de medidas administrativas, policiales y penales que obstruyan su libre acción y desenvolvimiento”.

Cualquier persona puede hacer contraloría social, pero habrá también grupos de carácter permanente con dirección colectiva, coordinador, subordinados y secretaría.

Estos deberán registrarse en el Ministerio para las Comunas y podrán “revisar documentos, observar hechos, entrevistar a ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier otra actividad de monitores que le permita UNA apreciación objetiva del objeto sujeto a control”.

Como si se tratara de la Contraloría General, las comunidades controlarán “la gestión del Estado y todas sus instituciones, el uso de los recursos, los ingresos y gastos públicos”.

El borrador, que está a cargo del diputado Orésteres Leal (PSUV-Trujillo), contempla la creación de la Escuela Social de Contraloría.

El Universal