Provea: “Gobierno debe convocar al diálogo”

   El director de Provea, Marino Alvarado, dijo que lo más conveniente para el país y para el propio Gobierno es que éste analice “prudentemente” el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país de la Comisión Interamericana y convoque al diálogo.

Considera que descalificarlo de manera inmediata como ocurrió con anteriores informes y pronunciamientos no es recomendable, y señala que si el Gobierno tiene alguna queja o diferencia está en su legítimo derecho de pronunciarse pero por las vías que establece la misma Comisión y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además de convocar al diálogo, apunta Marino Alvarado, es necesario que establezca políticas de corto y mediano plazo para acatar las recomendaciones.

“Una actitud orientada a descalificar el informe no contribuye a los que aspiramos todos, seamos opositores u oficialistas, tenemos el mismo deseo de que en Venezuela mejore la situación de los derechos humanos”, insiste al tiempo que señala que el que debería estar más interesado de que mejore la situación es el propio Gobierno ya que “su misión es mejorar la calidad de vida en Venezuela”.

Reflejo de la realidad

Para Marino Alvarado el informe de la CIDH “refleja bastante bien la situación de los derechos humanos en el país tanto en su deficiencias como los avances” y además deja claro que no es cierto la afirmación que reiteradamente ha hecho el Gobierno que la comisión apoyó a los que realizaron el golpe de Estado en el año 2002.

Explica que el informe tiene una serie de recomendaciones que también las había hecho antes del gobierno del presidente Hogo Chávez, como por ejemplo las de adoptar medidas eficaces para combatir la impunidad en el país, la necesidad de adoptar medidas urgentes que controlen el constante abuso que comenten los cuerpos policiales en el país, y el ataque a las deficiencias en el sistema de administración de justicia venezolano.

Sobre el sistema de administración de justicia el documento hace la salvedad de que en el gobierno del Presidente Chávez se ha acentuado la falta de la división de poderes y esto ha traído como consecuencia el no contar con un poder judicial autónomo.

“Criminalización de protestas la CIDH expresa la preocupación por el hecho de que se someta a juicio penal a personas por ejercer el derecho a huelga garantizado en la Constitución”.

Destaca que en la sentencia del Caracazo la Corte orientó al Estado para construir una política democrática de control de orden público.

La Corte expresa igualmente su preocupación porque en los años 2008 y 2009 manifestantes que fueron asesinados y detalla casos de estudiantes y obreros, por lo que exhorta al Estado a hacer un uso proporcional de la fuerza, sólo en casos estrictamente necesarios.

Libertad de expresión

Otro elemento importante, según explica Alvarado, tiene que ver con la Libertad de Expresión, en el informe se muestra preocupación por los progresivos hechos que apuntan a una restricción de esta libertad en el país, entre ellos los procedimientos administrativos contra medios de comunicación con línea editorial crítica del gobierno.

“En una sociedad democrática -en un Estado como Venezuela que ha suscrito la convención de derechos humanos- debe garantizarse el libre ejercicio de la disidencia, que se pueda cuestionar el gobierno sin que eso signifique algún riesgo a la libertad. Es un aspecto esencial de la vida democrática del país”, refirió Alvarado.

En este sentido el informe recomienda al Estado adoptar “medidas adecuadas para el acceso a la información pública a las personas para que puedan tener posibilidad de monitorear la gestión de entes del Estado venezolano”.

El Universal