Solo 3% de la oferta de viviendas en Caracas es para alquiler

   El impacto de las medidas oficiales, varias de ellas aún sin entrar en vigencia,
ya comienzan a reflejarse en la oferta de viviendas en alquiler. Tan solo en el
Área Metropolitana de Caracas se ha reducido en 45% la oferta de arrendamientos
durante el primer trimestre de este año, según un estudio de la Cámara
Inmobiliaria.

«Al caer 45%, estamos vagamente en 3% de la oferta»,
señaló Aquiles Martini, presidente del gremio inmobiliario. Esta situación
genera preocupación dentro del sector, sobre todo porque hace 10 años la oferta
rondaba sobre el 30%.

La perspectiva de la Cámara es que los
arrendamientos tiendan a desaparecer con la Ley Contra el Desalojo y la Ley de
Arrendamientos.

Sin embargo, la Red Metropolitana de Inquilinos sostiene
que esta reducción de la oferta existe precisamente por la pretensión de los
propietarios de cobrar alquileres exorbitantes. «Para nadie es un secreto que un
alquiler en Caracas no baja de cuatro a seis mil bolívares, por lo cual las
personas no pueden acceder a ellos y se retrae la oferta», expresó Elizabeth
Sánchez, vocera de la organización.

Para Martini el problema que imprime
precisamente la Ley de Arrendamientos es que se pretende atribuir el problema
del déficit de viviendas a los propietarios, al sobreproteger los derechos del
inquilino en detrimento de los dueños de los inmuebles.

«Es como si se
pretendiera beneficiar a un grupo de personas hoy y se olvida del mañana». En
este sentido, advirtió que los venezolanos se conseguirán en un laberinto sin
salida en lo que respecta al alquiler de viviendas, porque los afectados serán
aquellos que necesitan arrendar porque no tienen como comprar o quienes
requieren un ingreso extra.

Desequilibrios

Más de 50
artículos del proyecto de Ley de Arrendamientos han sido aprobados en la
Comisión de Administración y Servicios del Parlamento. Hasta ahora la Red de
Inquilinos considera que los debates han sido provechosos porque se ha
beneficiado a las víctimas de especulación inmobiliaria.

No obstante, el
sector inmobiliario critica que no exista igualdad de condiciones. El presidente
de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, destaca que
en el artículo 62 del proyecto de ley hay una ecuación para determinar el valor
del inmueble, a fin de calcular el canon, que no toma en cuenta los gastos que
pagan los propietarios (condominio, derecho de frente), que de mantenerse así
conllevaría a la ruina. Tampoco se reconoce la inflación, el valor de compra y
la ubicación geográfica del bien.

Al respecto, el presidente de la
Cámara Inmobiliaria precisó que se pretende ajustar el precio de la vivienda
«basado en un criterio que la tierra no es tuya o que el elemento de la
ubicación no es como consecuencia de tu inversión, si no del Estado, entonces va
a costar lo mismo vivir en Altamira, que en Puerto Ordaz o Maracaibo».

Ambos están de acuerdo en que se combata la especulación, pero
respetando los derechos de los propietarios.

Martini citó por ejemplo
que en España los contratos se fijan por cinco años, como manifestó el diputado
Diosdado Cabello, pero la ley estipula también que se respeta el precio del
mercado, sin estar sujeto a una regulación. Además que las partes pueden ponerse
de acuerdo para reducir el tiempo de arrendamiento.

La Red de Inquilinos
considera que la propuesta de establecer contratos por un tiempo mínimo de tres
años surge porque en Venezuela cada quien suscribe un documento a su
conveniencia, sin respetar una normativa. «Había personas que traspasaban
inmuebles, al año siguiente practicaban el desalojo y los volvían a traspasar»,
aseguró Sánchez.

Ayer los distintos sectores involucrados en el proyecto
discutieron el capítulo de la ley que tiene que ver con el método de valoración
de los inmuebles, para la fijación del canon de arrendamiento. En la reunión,
surgió la idea de crear una comisión técnica especial, definir unas pautas
generales para el avalúo y garantizar el derecho de palabra de varios actores
durante la próxima reunión de la Comisión.

Otras vías

La
Cámara Inmobiliaria propone además desarrollar un plan de construcción de
viviendas en alquiler, que sean propiedad del Estado, donde se cobre una renta
dependiendo de los ingresos que perciba una familia.

Consideran que los
recursos se pueden destinar al mantenimiento de las obras o a la construcción de
nuevos proyectos.