90% de los venezolanos vive con miedo al hampa

El Gobierno lo niega. Andrés Izarra se ríe. La evasión y la burla no impiden que a diario 100 familias estrenen -sin querer- el luto. El problema de la inseguridad no sólo se percibe. Se padece. Es un drama nacional con protagonistas de todas las edades. Inocentes la mayoría. Los linchamientos y hasta la conformación de grupos exterminio son soluciones admitidas en medio de la desesperación social.

El reflejo de la situación está registrado. El estudio Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Seguridad en Venezuela, efectuado por el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), demuestran que no hay nada de gracioso en que 90 por ciento de la población sienta inseguridad.

La investigación efectuada en julio de este año aplicó una encuesta en mil 500 hogares compuestos por cinco integrantes mayores de edad. Entre sus resultados destacan lo que Pedro Rangel, presidente del Incosec, llama “estadísticas escalofriantes”. Indicó que el país reporta 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cifra que dobla la alcanzada por Brasil y Colombia. En la primera nación se producen 34. Seis muertes por cada 100 mil habitantes -el promedio más bajo en la última década-, mientras que la segunda tiene el récord de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Señaló que la inseguridad es “el palpitar de cada día” imponiéndose sobre el desempleo y el alto costo de la vida. Apuntó que no “hay justificación para las 19 mil 113 muertes registradas en 2009”. A su juicio, la falta de credibilidad en las instituciones de velar por la justicia ha estimulado la impunidad. Mencionó que el hecho de que sólo uno de cada 10 detenidos sea procesado y condenado por el delito cometido, produce consecuencias en el seno de los cuerpos de seguridad y en la colectividad.

“Los funcionarios que arriesgan la vida en un operativo para aprehender a un delincuente se desmoralizan cuando 24 ó 48 horas después es puesto en libertad. Esas irregularidades son vistas por la población, causando desconfianza en los mecanismos y entes encargados de hacer cumplir la ley”.

No todo queda allí. Rangel explicó que 80 por ciento de los encuestados aseguraron que los últimos 12 meses ha empeorado el problema. La ausencia de acciones que inspiren tranquilidad llevó a un 46 por ciento a  justificar un linchamiento cuando se trate de violación o asesinato. Otro 25 por ciento está de acuerdo con que un grupo de personas se organice para matar a “gente indeseable”.

Los cambios en los hábitos de recreación relucieron en el trabajo del Incosec. Un 76 por ciento de los participantes en la investigación manifestaron haber dejado actividades de distracción por temor a ser robados. Los autobuses, taxis, calles oscuras, lugares de estudio y hasta la propia vivienda son sitios capaces de despertar miedo en la colectividad.

De tal hogar tal sociedad

La extorsión, secuestro y homicidio no cayeron del cielo. La carencia de un sistema educativo que cultive los valores morales, así como la desintegración de la familia propician la inseguridad, enfatizó Pedro Rangel. Declaró que la crisis social es “un caldo de cultivo”, pues atribuyen el incremento de la delincuencia a la venta de alcohol, drogas, la pésima iluminación pública, las invasiones, la indigencia, las colas y la buhonería.

Comentó que “la sociedad venezolana ha madurado” al adoptar el concepto de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sustentado en el bienestar jurídico, económico, social y personal. “Ahora cuando a alguien le confiscan su propiedad, le afectan el bolsillo o vulneran sus derechos siente que atentan contra su seguridad. Ya no sólo es una cuestión que se limita al resguardo personal”

Asamblea contralora

¿Por qué no se han interpelado a los encargados de los entes de seguridad para conocer qué ha desencadenado la ola de inseguridad? ¿A qué se debe que el Gobierno haya disminuido la inversión en materia de seguridad? ¿Cómo se disminuirán los homicidios en 2011? Son interrogantes que debe responder la Asamblea Nacional, así lo subrayó ayer Pedro Rangel, titular de Inconsec, durante la presentación de este estudio en la Cámara de Comercio.

Dijo que el Parlamento tiene “una deuda social en materia de seguridad” por no haber atacado el problema con políticas integrales. Pero no todo está perdido. Asegura que si se activa la función contralora de la plenaria se podrían evaluar los planes de seguridad aplicados para contrarrestar la violencia. Lo anterior debe unirse a un proceso de prevención-represión, la participación ciudadana y la reinserción de los infractores.

A la actividad asistieron los candidatos zulianos al Parlamento, entre ellos Tomás Guanipa, Anaidee  Morales, José Luis Pirela y Alfredo Osorio. La intención de mostrarles los resultados de la investigación fue fomentar interés sobre el tema en los aspirantes, para fijar estrategias que combatan el flagelo.

Fuente: Laverdad.com

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