AN APROBÓ ACUERDO DE COOPERACIÓN PENAL ENTRE VENEZUELA Y BIELORRUSIA

Caracas, AVN.- La Asamblea Nacional aprobó este jueves el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre Venezuela y Bielorrusia, suscrito el pasado 16 de octubre por los presidentes Hugo Chávez y Alexander Lukashenko.

El elemento de este acuerdo bilateral que marcó la polémica en el Parlamento tiene que ver con la posibilidad de que una persona bajo custodia o sometida a penas privativas de libertad sea trasladada al territorio del otro país, a fin de rendir declaraciones y orientar “la búsqueda, incautación, decomiso, confiscación y transferencia de bienes que sean producto del delito”, o bien, el registro de lugares y otros elementos de investigación criminal, siempre que la persona en cuestión dé su consentimiento.

La bancada oposicionista salvó su voto argumentando que este elemento dentro del acuerdo“pone en riesgo la integridad de los venezolanos penados”.

El diputado Calixto Ortega, integrante de la Comisión de Política Exterior de la AN, refutó a los parlamentarios opositores que el contenido del Tratado obedece a estándares internacionales que se manifiestan regularmente en este tipo de convenios, suscritos habitualmente entre diversos países para incrementar controles contra el crimen organizado.

Por otra parte, si la persona requerida para prestar testimonio o asistencia en el otro país acepta ser trasladada, su estadía en dicho país no puede exceder los 30 días. Igualmente, se garantiza al individuo trasladado que no será objeto de detención, procesamiento o condena.

Además de contemplar el posible traslado de detenidos vinculados a delitos que le competen al otro país, el acuerdo establece modalidades de apoyo mutuo como la entrega y trasmisión de documentos, o la ubicación e identificación de personas y bienes e instrumentos del delito.

De igual forma, señala que el tratado no aplica para la detención preventiva de personas con miras a su extradición ni a solicitudes de extradición, así como tampoco al traslado de personas para que cumplan condena ni a la remisión de expedientes penales.

Los países pueden denegar total o parcialmente la asistencia mutua si considera que la ejecución de la solicitud afecta su propia soberanía, seguridad, orden público u otros intereses, si contraviene su ordenamiento jurídico interno, si la solicitud se refiere a un delito objeto de sentencia definitivamente firme; si se ha desestimado o ha concluido el procedimiento penal en el territorio de la parte requerida o cuando haya motivos para creer que la solicitud se orienta a procesar personas por su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o cualquier otro factor inherente a los derechos humanos.