Aumento salarial sin producción e insumos = Caída de santamarias y aumento del desempleo


Detrás del cierre de cada santamaría o de la reducción de los turnos de trabajo el desempleo va cavando un indicador que complica la salida de la crisis económica. En el primer semestre de 2016 se perdieron 400.000 puestos de trabajo, según datos de la Unión Nacional de Trabajadores y desde 2014 la cifra se duplica. Las dificultades para acceder a dólares para comprar materias primas, las fiscalizaciones del gobierno y la presión por los constantes aumentos del salario mínimo y bonos llevan al sector privado, el que más vacantes de empleo aporta, al callejón sin salida del cierre. En Venezuela sobrevive una empresa cada 100 habitantes, en la vecina Colombia hay una cada 23.

Entre cientos de tiendas en el bulevar de Sabana Grande es difícil conseguir la cartulina verde fosforescente que dice «se solicita personal», muy común en ese pasaje comercial. Pero en la vidriera de un negocio de artículos para damas se apilan decenas de currículos como si se tratara de documentos por archivar. Son las 10:30 am y no hay clientes. A esa hora los únicos que entran y salen de la tienda son quienes buscan trabajo. El dueño del establecimiento no había terminado de colgar el aviso en el que solicita vendedoras, cuando ya tenía en sus manos las hojas de vida de cuatro mujeres.

Nataly, bachiller de 22 años de edad, es una de ellas. Busca empleo desde hace tres meses. «Siempre me dicen lo mismo: ‘Deja el currículum y te llamamos’. Pero nunca ocurre», expresa. Esta vez, después de responder una serie de preguntas sobre lugar de residencia, estado civil, experiencia laboral y maternidad (sobre esta última aclaró que tiene quien cuide de su hijo), obtuvo una respuesta diferente: «Te espero mañana a las 8:30 am». Leyó el contrato y supo que le pagarían sueldo mínimo más cestaticket.

Tras el cierre técnico de una empresa de un grupo automotriz, Angélica de la Hoz, coordinadora de recursos humanos, busca empleo desde abril pasado. Ha asistido a cuatro entrevistas, en dos de las cuales el paquete anual que le ofrecían estaba por debajo de sus expectativas, en otra quedaron en llamarla y en la última aún se encuentra en proceso de selección.

«Estoy calmada, pero en abril fue fuerte. Vengo de tener estabilidad laboral, y de la noche a la mañana no tienes nada», manifiesta. Agrega que en otros sitios le ofrecen un mes de utilidades, cuando durante dos años recibió cuatro. Tampoco brindan la posibilidad de seguro para la familia, ni útiles escolares, ni plan vacacional ni comisión para el pago de guardería.

Ella aún permanece en la empresa cuya directiva espera que los últimos 5 trabajadores se reubiquen para cerrar definitivamente. La plantilla tuvo 30 personas, la mayoría de las cuales se fueron del país luego de la liquidación. Esta compañía es la casa matriz de un grupo automotriz que reúne a 10 concesionarios con 6 marcas de vehículos. Se encargan de realizar contratos, del reclutamiento de talento y de la asignación de la flota de autos. El cierre técnico se generó, entre otras razones, por la dificultad en la asignación de divisas y por la obligación de comercializar los carros por debajo del costo real.

La crisis ha abierto un boquete en el mercado laboral por el que se han perdido 400.000 empleos en el primer semestre del año, según cálculos de la Unión Nacional de Trabajadores, de los cuales 60% corresponde al sector comercio y el restante 40% a las industrias y empresas productivas medianas y pequeñas. Desde 2014 la cifra se eleva a 800.000 puestos de trabajo menos. Estos números fueron presentados en un informe ante la Organización Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza. El organismo aprobó enviar una misión de alto nivel a Venezuela para que investigue la situación que implica el incumplimiento del convenio 122 de la OIT sobre la protección del empleo. Este mes el presidente Nicolás Maduro debería entregar un documento para responder al organismo.

El indicador del desempleo es otro costado de la crisis económica que queda al desnudo. Desde 2014 la fuerza laboral comenzó a reducir su musculatura. Los puestos de trabajo también escasean en el país. Las causas son las que los economistas han repetido una y otra vez: los impedimentos en la adquisición de divisas y sus múltiples sistemas para la adjudicación, que dificultan a las empresas la compra de materia prima para producir; la caída de 80% del aparato productivo, según reportes de Fedecámaras; en meses recientes, los últimos tres aumentos salariales decretados por el Ejecutivo este año –febrero, mayo y agosto– han hecho cuesta arriba a muchos comercios y empresas mantener las santamarías arriba y las nóminas pagas. Cada día cierran 300 negocios en Venezuela, según Consecomercio.

«El mercado laboral se encuentra contraído. El sector en general no tiene qué vender. En la medida en que se facture menos, se reduce la capacidad de generar empleo y pagar cuentas», expone Gilberto Gudiño, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia. Tras las tiendas vacías que se ven en centros comerciales, los horarios reducidos de muchos establecimientos, las ciudades dormidas mucho antes de la medianoche y la parálisis de industrias el desempleo va campeando.

Gudiño señala que los trabajadores son conscientes de las dificultades económicas y en algunos casos se establecen acuerdos con los patronos para paliarlas. Como es el caso de una oficina de contabilidad en Altagracia de Orituco, en la que el patrono propuso a sus empleados formar asociaciones para que cada uno se haga cargo por completo de los clientes que normalmente procesaban a través de la agencia. El patrono les alquilará los equipos, el sistema y la infraestructura, y los trabajadores se quedarán con el dinero por los servicios de contabilidad.

Como consecuencia de la caída de 11,5% del producto interno bruto durante el primer semestre de 2016, se contabiliza un cierre operativo de por los menos 20% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Caracas, asegura su directivo Víctor Maldonado. Entre las empresas que han cerrado hay almacenadoras, mercados e importadoras de equipos médicos.

La presidente de Consecomercio, Cipriana Ramos, asegura que las empresas que quedan se están descapitalizando y utilizan el patrimonio familiar para sobrevivir. «Es imposible invertir en un país con bloqueos, controles, fiscalizaciones y atropellos. No hay seguridad jurídica ni credibilidad para invertir», señala.

Actualmente sobreviven cerca de 400.000 unidades productivas en todo el país, de acuerdo con cálculos de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia. En Venezuela, con 31 millones de habitantes, existe una empresa por cada 100 habitantes. En Chile una por cada 17, en Colombia una por cada 23 y en Perú una por cada 32 habitantes.

Desocupación e improductividad. La vida laboral no supone solo generar ingresos para la subsistencia, sino también mejorar las condiciones de vida, contribuir a la productividad del país y alcanzar la satisfacción personal. La socióloga Genny Zúñiga señala que en Venezuela es difícil que estas premisas sean posibles: «Se han acentuado las condiciones adversas para que el empleo cumpla este importante papel en lo económico y social, tanto en el ámbito colectivo como individual». Señala que las situaciones desfavorables, como la fiscalización extrema, el mal funcionamiento de la economía y los controles cambiarios, atentan contra la estabilidad empresarial y, por ende, contra la generación de empleo.

Son precisamente esas situaciones las que llevaron este año a la suspensión en dos ocasiones de la Feria de Empleo de la Alcaldía de Sucre, actividad que acumula 14 ediciones en más de 5 años y todas con asistencia multitudinaria. «En mayo no se realizó por la limitante en la cantidad de vacantes que las empresas ofertaban. Sobre todo cuando en vez de ingresar personal tenían que liquidar. Quizás no vayamos a tener la misma cantidad, pero sí la queremos hacer atractiva con un grupo de emprendedores», asevera la directora de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Sucre, Carmen Caraballo, quien indicó que para octubre esperan presentar la XV edición de la feria. Hasta el momento han confirmado 15 compañías. En 2015 se realizó en 2 oportunidades, una en mayo y otra en octubre, mes en el que se dispuso de 6.000 empleos y participaron 27 empresas.

En los datos del Instituto Nacional de Estadísticas se evidencia que hasta abril de este año la población desocupada alcanzaba 1.035.238 personas, 26.239 más que en el mismo mes de 2015. Pero más significativo aún es la reducción de la población económicamente activa: de un año a otro 198.217 personas dejaron de trabajar. Los grupos con mayor incidencia en desocupación fueron profesionales, técnicos y afines, con 81.235 personas. Mientras que trabajadores de oficinas sumaron 62.191. En actividades de agricultura, ganadería, pesca, caza y forestales, 26.524 personas se quedaron sin empleo. El INE registró también 22.314 gerentes y administradores sin trabajo.

Dick Guanique, directivo en el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, dice que en una situación de recesión económica es difícil conseguir empleo estable: «Demuestra que las posibilidades son escasas mientras no se reactive el aparato productivo a través de las inversión pública».

Zúniga considera que el panorama no es alentador. «Se visualiza un grueso sector de la población que afrontará serias dificultades y resultará costoso en términos de recursos económicos y tiempo para el país lograr que se inserten en el proceso productivo».

Supervivencia laboral. 8 de cada 10 puestos de trabajo los oferta el sector privado. De acuerdo con el INE, solo 20,4% de la población ocupada, 2.689.559 personas, estaba en el sector público en el último semestre de 2015. Pero en ese mismo lapso 23.765 personas dejaron sus puestos en la administración pública en comparación con los primeros 6 meses de ese año.

Cuando Adriana, de 23 años de edad, intentó buscar trabajo en organismos del Estado, entre estos Pdvsa, Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Auditoría Interna y Sundde, la respuesta fue que no podían ingresar personal por la situación del país. Graduada en Hacienda, después de siete meses de búsqueda, logró un empleo en el Ministerio de Pueblos Indígenas, asegura que «por palanca».

«Cuando se observan los datos de los porcentajes de población ocupada según la naturaleza de la actividad económica de la organización para la cual trabajan, encontramos que no ha habido aumentos, sino más bien estancamiento e incluso algún retroceso en la capacidad del mercado laboral para ofrecer nuevos puestos de trabajo en la manufactura o la construcción», dice Zúñiga.

Gudiño destaca: «Estamos cayendo en una situación en que la persona trabajando se empobrece y abrir una negocio se traduce en pérdida del patrimonio».

Las consecuencias sociales de ello, advierte Zúñiga, se evidencian en el deterioro de la calidad de vida y las condiciones en que se trabaja, en un contexto de inseguridad ciudadana, incertidumbre, dificultades para encontrar alimentos, incapacidad de las instituciones de salud para atender a la población y precios elevados en caso de recurrir a la atención médica privada.

Maldonado identifica también acumulación de desempleo, tomando en cuanto las 70.000 personas que cada año buscan ingresar al mercado laboral. Afirma que la economía se ha vuelto «tóxica» para el emprendimiento en un «mercado a punto de colapsar».

Con ello aparece el tránsito a la informalidad no solo de los trabajadores, sino también de los empleadores. «El patrono se informaliza porque no tiene cómo pagar impuestos y salarios», señala Gudiño.

Del primero al segundo semestre de 2015 el sector informal creció. Dentro de ese grupo el número de trabajadores por cuenta propia aumentó 3.723.606 personas, 47.859 personas más que el primer semestre. El sector formal lideriza el mercado de trabajo con 7.756.005 personas. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios asegura que 7.000.000 de personas están en la informalidad.

Zúñiga llama la atención sobre esta población y específicamente por quienes «bachaquean» productos que, de acuerdo con Datanálisis, son 60% de los que hacen colas en supermercados del país. «¿Cuál es la identidad laboral que se está conformando en este grupo? ¿Cuáles son las destrezas con que cuentan para luego ser incorporados a un real proceso productivo?».

El presidente del Movimiento Laborista, Froilan Barrios, cree que las políticas públicas en el país no cumplen con el concepto de trabajo digno de la OIT: «El impacto del crecimiento de las actividades informales es hacia la precarización del empleo. En Venezuela es difícil alcanzar un sistema de seguridad social porque un gran porcentaje de la informalidad no aporta al organismo». Destaca que un empleo digno se caracteriza por ser estable, remunerado, con contrato colectivo y seguridad social, aspectos que no logran los trabajadores informales, y en contexto inflacionario como el actual, tampoco los formales. «Al Ejecutivo nacional no le interesa entender. Al contrario, lo que ha hecho es promover un empobrecimiento general».

El desempleo también obstaculiza una posible salida a la crisis económica porque no hay renovación. «Las personas que terminan el ciclo laboral esperan la pensión. La gente joven pretende incorporarse a esos puestos y observan cómo el mercado laboral presenta rigidez para absorberlos. El desempleo es una de las variables sociales de mayor impacto en el desajuste social», agrega Barrios. La escalera de ascenso social en el país se quedó sin peldaños y el esfuerzo de las personas no se traduce en bienes ni mejores condiciones.




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