Comunicado de Consecomercio sobre la crisis del COVID-19

El pasado domingo 22  de  marzo de  2020, el  Ejecutivo Nacional, a través de  una alocución  de  radio  y televisión,  esgrimió  una serie  de  medidas  con  el  objeto  de intentar  paliar  los   efectos  económicos  desarrollados a raíz  de   la coyuntura producida por  el  Coronavirus (en lo  sucesivo, «COVID-19»).

 

 

Estas  medidas  constituirían  las primeras  declaraciones  oficiales  sobre el  tema económico  debatidas  por   las  autoridades  nacionales,  y  vendrían  a complementar  lo    establecido    en    el    Decreto    No.    4.160  emanado   de    la Presidencia  de  la República  mediante  el  cual se  decreta Estado  de  Alarma  en todo el  territorio  nacional,  a los  efectos de  mitigar  y erradicar  los  riesgos  de epidemia  relativos  al COVID-19.  El referido  Decreto  No.  4.160 se  publicó  en  la Gaceta Oficial No. 6.519 Extraordinaria, de  fecha 13  de  marzo de  2020.

 

 

Las   medidas   anunciadas   por    Nicolás   Maduro   pueden  sintetizarse   en    los siguientes siete (7) puntos:

  1. 1. Se ratifica la denominada inamovilidad laboral hasta 31/12/2020.
  2. 2. Se activa el  plan de  pago de  nómina  por  seis  (6) meses a través del  Sistema

Patria.

  1. 3. Se ordena suspensión del pago de  intereses y capital de  créditos comerciales por  seis  meses, al igual que  los  pagos de  alquiler de  comercio y de  vivienda.
  2. 4. Ratificación del plan de inversión agroalimentaria para el  programa Clap.
  3. 5. Se  ratifican   beneficios   y  medios   de   protección   otorgados  por   el   Sistema

Patria.

  1. 6. Otorgamiento de bonos especiales para trabajadores informales y formales.
  2. 7. Se establece prohibición del corte de  servicios básicos como teléfono, agua e internet a durante el  lapso de  seis  (6) meses.

¿Cuáles son las implicaciones de la medida?

Preliminarmente, es importante resaltar que  las citadas medidas no han sido publicadas en Gaceta Oficial, ni en ningún instrumento normativo, por  lo que  su desarrollo ulterior  puede estar sujeto  a diversas  interpretaciones  por   parte de los  agentes económicos que  hacen vida en  Venezuela.

Dicho   esto,  conviene   resaltar  que   las  políticas   esgrimidas,   en   adición   a  su cuestionable   legalidad,   representan  un   retroceso  para  el   desarrollo  de   la actividad  económica  en  el  país.  Si bien  se  reconoce el  hecho de  que  el  Ejecutivo Nacional  esté desarrollando medidas  proclives  a paliar  la compleja  coyuntura derivada   del   COVID-19,   no   deja   de   ser   menos  cierto   que   cualquier   tipo   de decisión  relativa  al tema económico  debe ser   cónsona  con   la naturaleza del mercado y de  la propia dinámica productiva y comercial de  Venezuela.

Así  como es  necesario  brindar  estímulo,  asidero  y  seguridad  al trabajador,  al obrero y al pequeño emprendedor que   hoy  puede sentir  en  jaque  su  futuro, no puede  obviarse   el   hecho  de   que   la  dinámica   económica   requiere   de   forma imperativa la existencia de  la empresa e industria privada, y de  forma particular para nuestra organización, la existencia del  comercio.

En   tal  sentido,   una  mayor  restricción   dentro  del   ámbito   de   las  relaciones laborales, la prohibición  del  pago de  cánones a los  arrendadores -que  viola  el principio de  equilibrio contractual en  las relaciones de  arrendamiento-, el congelamiento  o  fijación  de  precios  en  la provisión  de  servicios  públicos,  aún  y cuando pudiesen  obedecer a las mejores  intenciones  y  Buena  Fe  por   parte del Ejecutivo   Nacional,   no   harán  más  que    informalizar   aún  más  la  economía nacional  y las relaciones  de  trabajo,  desprotegiendo  los  derechos laborales que, en   principio,   se   buscan  salvaguardar;  desmejorando   la  calidad   de   los    ya maltrechos servicios públicos venezolanos y desincentivando la existencia de arrendamientos,    contratos   éstos   de    vital    importancia    para   la   actividad económica nacional.

 

 

Por   su   parte,  la  suspensión   de    pagos  de    capital   e   intereses   de    créditos comerciales profundizará las restricciones de  liquidez en  la banca nacional, mermando aún más su  capacidad  de  realizar  su  actividad  más importante:  la intermediación  financiera.  Si bien  en  cierto  que, en  el  corto plazo, esta medida pudiera significar un  alivio para el  flujo  de  caja de  algunas empresas, a mediano plazo se  traducirá en  una mayor restricción en  la disponibilidad de  créditos para las mismas.

Conclusión y propuesta

Como  quiera  que   el  país  y el  mundo en  general se  encuentra atravesando una difícil  coyuntura, cuyo  desenlace nadie conoce con  certeza, las autoridades venezolanas deben unir  esfuerzos con  el  sector privado, de  forma tal que  éste se convierta en  un  aliado para y mitigar y paliar las circunstancias que  estamos atravesando.

La  experiencia  mundial  sugiere  que   el  sector privado  puede convertirse  en  un pivote   para  optimizar   el   manejo   de    la  crisis.    Lejos   de    ser    un   factor  de obstrucción, un  obstáculo, la empresa privada, y el  comercio en  especial, pueden servir  de  intermediarios  entre las demandas ciudadanas  y la provisión  de  bienes y  servicios  que   se  requieran,  todo ello guiado  por   el  principio  de  cooperación voluntaria  para lograr el  beneficio  de  la gente. Ningún  industrial,  empresario  o comerciante se  beneficiará en  la parálisis, como tampoco lo  hará en  un  ambiente en  el  que  impere  la incertidumbre  y la persecución,  aunada al desconocimiento de  la racionalidad económica.

De  este modo, nuestro llamado es  a que, por   una parte, los  factores políticos logren  encontrar  consensos  institucionales   que   permitan   la  viabilidad   de   la nación   y,   al  mismo,   tiempo,   que   las  políticas   y  medidas   esgrimidas   no   se desarrollen con  un  enfoque unilateral y dogmático.

La  economía  comprende a todos, y  en  tal sentido,  negar incentivos  de  diversa índole (fiscales, laborales, productivos) a las empresas, comercios e industrias de los  diversos  sectores de  la economía,  lamentablemente destruye valor para el país y complica aún más el ya complejo panorama que  Venezuela tendrá que atravesar en  los  meses venideros.

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